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  • Declaración de Machu Picchu sobre la democracia, los derechos de los pueblos indígenas y la lucha contra la pobreza

    TENIENDO EN CUENTA que nuestros sistemas políticos se sustentan en la democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales;

    TENIENDO PRESENTE la interrelación y mutua implicación que existen entre los conceptos de democracia, derechos humanos, paz, desarrollo social y lucha contra la pobreza;

    CONSIDERANDO, que la naturaleza multicultural y pluriétnica de nuestras naciones ha constituido un factor esencial en la formación de las nacionalidades y la identidad histórica de nuestros países; y que, hoy, como en el pasado, continúa siendo una característica esencial de la riqueza humana y social de nuestras sociedades.

    CONSCIENTES de la situación de pobreza y extrema pobreza que afecta mayoritariamente a las poblaciones indígenas, así como la necesidad de garantizar y promover sus derechos, incluido el derecho a la diversidad.

    CONSIDERANDO la voluntad de nuestros gobiernos para concentrar los recursos en las tareas del desarrollo social y económico, particularmente en la lucha contra la pobreza, la extrema pobreza y la generación de empleo productivo y decente.

    CONSIDERANDO que todos los esfuerzos de la integración latinoamericana coinciden en la voluntad común de establecer mecanismos de cooperación política, luchar contra la pobreza y liberalizar el comercio.

    DECIDIMOS:

    Avanzar en la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos

    1. Expresar nuestro firme convencimiento que la democracia, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente. En ese sentido, reiteramos nuestra convicción de fortalecer la democracia como un sistema de gobierno y como un elemento insustituible de nuestra identidad política, de promover sus valores como forma de vida y de defender la institucionalidad democrática y el estado de derecho en América Latina y el Caribe. Reiteramos, asimismo, que el ejercicio efectivo de la democracia requiere fortalecer su carácter participativo.

    2. Reiterar nuestra decisión de adoptar una Carta Democrática Interamericana durante la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, a realizarse en Lima, en septiembre próximo, como un instrumento destinado a contribuir a la promoción, estabilidad, preservación y defensa de la institucionalidad democrática.

    3. Renovar el compromiso de nuestros gobiernos con la vigencia y respeto de los derechos humanos, así como nuestra voluntad para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la posibilidad del progresivo funcionamiento permanente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como propiciar la universalidad del sistema interamericano de protección a los derechos humanos.

    4. Los Presidentes de los Países Andinos, en aplicación del Acta de Carabobo, adoptada con ocasión del XIII Consejo Presidencial Andino, instruimos a los Ministros de Relaciones Exteriores para que elaboren el texto de la Carta Andina de Derechos Humanos para su presentación en la próxima reunión del Consejo Presidencial Andino, la misma que deberá contener los principios y ejes temáticos sobre una política comunitaria en esta materia, incluyendo los temas referidos a los derechos de la mujer y de los pueblos indígenas.


    5. Los presidentes andinos decidimos encargar a los ministros de relaciones exteriores la preparación de una propuesta destinada a fortalecer programas para la promoción de la democracia, la participación ciudadana en todas sus formas, elaborar, proponer y ejecutar acciones para la educación en la democracia, intercambiar experiencias entre los partidos políticos de la sub región; y desarrollar políticas de promoción y difusión de los valores democráticos, en concordancia con las políticas nacionales existentes.

    Los derechos de los pueblos indígenas

    6. Consideramos que la diversidad cultural y étnica que caracteriza a nuestras naciones es una fuente de gran riqueza y unión entre nuestras sociedades. El ejercicio democrático en nuestros pueblos exige el respeto y la promoción de la diversidad. Expresamos, en ese sentido, nuestra decisión de continuar desarrollando estrategias y políticas dirigidas a revalorizar la pluralidad étnica y la multiculturalidad de nuestras naciones, con el fin de promover la plena participación de los pueblos indígenas y las minorías étnicas.

    7. En ese sentido, apoyamos firmemente todos los esfuerzos encaminados a la promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos: el derecho a su identidad y tradiciones en lo espiritual cultural, lingüístico, social, político y económico; individual y colectiva; a no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras; a la propiedad intelectual colectiva, a mantener y desarrollar su patrimonio cultural histórico; a sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de sus lugares rituales y sagrados; a la educación en la diversidad; a ser elegidos y desempeñar cargos públicos. Expresamos nuestra voluntad de resguardar estos derechos dentro del orden público y en cumplimiento de nuestras disposiciones constitucionales y legales vigentes.

    8. Nuestros Estados tienen el deber de cautelar y garantizar la aplicación de todas las disposiciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos existentes en los ámbitos regional y universal, con la finalidad de asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las poblaciones indígenas conforme al principio de no discriminación. Impulsaremos, en ese sentido, la elaboración y aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

    9. La consolidación de la vida democrática y el estado de derecho en nuestros países demanda políticas que aseguren la participación activa de las poblaciones indígenas en todos los ámbitos de la vida nacional. A ese efecto los cancilleres propondrán la creación de una mesa de trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas en el marco institucional de la Comunidad Andina de Naciones, con la participación de las organizaciones indígenas, organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil y representantes de cada uno de los estados miembros, con el propósito de integrar plenamente a los pueblos indígenas a la vida económica, social y política de nuestros países, respetando y promoviendo al mismo tiempo su diversidad cultural. La mesa realizará su primera reunión a la brevedad posible en la ciudad del Cuzco.

    Una alianza para la lucha contra la pobreza

    10. Conscientes de que una auténtica y plena democracia es la base para una efectiva lucha contra la pobreza, los jefes de Estado reiteramos nuestra decisión de emprender acciones para reducir la misma en un 50% hasta el año 2015.

    11. La justicia social es un elemento constitutivo de la democracia y es una condición indispensable para garantizar la estabilidad política y la legitimidad de nuestros gobiernos. Por ello nos comprometemos a alcanzar un crecimiento económico con equidad social que permita superar las desigualdades, la pobreza y los desafíos que enfrentan nuestras sociedades.

    12. Expresamos nuestra voluntad de fortalecer la cooperación política en el proceso de integración subregional, otorgando una prioridad sustantiva a la agenda social.

    13. Creemos que el buen gobierno y la administración eficiente y transparente, con mecanismos de participación ciudadana, constituyen factores esenciales en la utilización adecuada de recursos para superar la desigualdad social.

    14. Conscientes que la corrupción atenta contra la estabilidad democrática y afecta a la lucha contra la pobreza, reiteramos la necesidad de incrementar las acciones encaminadas a la lucha contra la corrupción y cooperar en todas las acciones conjuntas que sean necesarias conforme al derecho internacional y a los acuerdos regionales en esta materia.

    15. Recibimos con expectativa los acuerdos obtenidos por el Grupo de los 8, en Génova, e instamos a que puedan concretarse de manera efectiva, especialmente con relación al alivio de la deuda externa y a la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza.

    16. Expresamos, en ese sentido, la conveniencia de lograr acuerdos especialmente en el aumento de la cooperación no reembolsable en las políticas de los organismos financieros internacionales y de los gobiernos de los países industrializados, así como el aumento del financiamiento de proyectos en las áreas críticas de la lucha contra la pobreza. Otorgamos especial prioridad al intercambio de deuda por proyectos de desarrollo en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad.

    17. Expresamos nuestra decidida voluntad política para aprobar un nuevo arancel externo común antes del próximo Consejo Presidencial Andino, lo cual unido a la ejecución de los compromisos en materia de circulación de personas, pasaporte andino e integración y desarrollo fronterizo, asegurará el establecimiento del Mercado Común Andino en el año 2005.

    18. En aplicación de los acuerdos obtenidos en la Cumbre de Carabobo y con la finalidad de impulsar la agenda social y movilizar a todos los sectores de la sociedad en la lucha contra la pobreza y en la generación de empleo, los presidentes de la Comunidad Andina encargamos a los Ministros de Relaciones Exteriores la elaboración de una propuesta para el establecimiento de una mesa de concertación social, en el marco del foro andino aprobado en la Cumbre de Carabobo, que amplíe la participación ciudadana plena en los procesos de integración. La mesa aportará sus reflexiones para el diseño de un "Plan Integrado de Desarrollo Social Andino".

    Los presidentes de los países de la Comunidad Andina felicitamos al doctor Alejandro Toledo por su elección como Presidente Constitucional de la República del Perú, así como por el liderazgo que asumió, desde la sociedad civil, para la reinstitucionalización de la democracia en el Perú. Expresamos, asimismo nuestro reconocimiento al Presidente Valentín Paniagua y a su Gobierno por la realización de elecciones libres y justas y su destacado papel en la consolidación democrática del Perú, así como por el restablecimiento de la vigencia de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

    Lima - Machu Picchu, 28-29 de julio de 2001.

    Firman

    Jorge Quiroga Ramírez, Presidente en Ejercicio de la República de Bolivia,

    Gustavo Noboa Bejarano, Presidente de la República del Ecuador,

    Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República de Colombia,

    Alejandro Toledo Manrique, Presidente de la República del Perú y

    Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

    Lima, 29 de julio de 2001





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