Declaración de Machu Picchu sobre la democracia, los derechos de los pueblos indígenas y la
lucha contra la pobreza
TENIENDO EN CUENTA que nuestros sistemas políticos se sustentan en la democracia, el
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales;
TENIENDO PRESENTE la interrelación y mutua implicación que existen entre los conceptos de
democracia, derechos humanos, paz, desarrollo social y lucha contra la pobreza;
CONSIDERANDO, que la naturaleza multicultural y pluriétnica de nuestras naciones ha
constituido un factor esencial en la formación de las nacionalidades y la identidad histórica de
nuestros países; y que, hoy, como en el pasado, continúa siendo una característica esencial de la
riqueza humana y social de nuestras sociedades.
CONSCIENTES de la situación de pobreza y extrema pobreza que afecta mayoritariamente a las
poblaciones indígenas, así como la necesidad de garantizar y promover sus derechos, incluido el
derecho a la diversidad.
CONSIDERANDO la voluntad de nuestros gobiernos para concentrar los recursos en las tareas
del desarrollo social y económico, particularmente en la lucha contra la pobreza, la extrema
pobreza y la generación de empleo productivo y decente.
CONSIDERANDO que todos los esfuerzos de la integración latinoamericana coinciden en la
voluntad común de establecer mecanismos de cooperación política, luchar contra la pobreza y
liberalizar el comercio.
DECIDIMOS:
Avanzar en la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos
1. Expresar nuestro firme convencimiento que la democracia, el desarrollo y el respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan
mutuamente. En ese sentido, reiteramos nuestra convicción de fortalecer la democracia como un
sistema de gobierno y como un elemento insustituible de nuestra identidad política, de promover
sus valores como forma de vida y de defender la institucionalidad democrática y el estado de
derecho en América Latina y el Caribe. Reiteramos, asimismo, que el ejercicio efectivo de la
democracia requiere fortalecer su carácter participativo.
2. Reiterar nuestra decisión de adoptar una Carta Democrática Interamericana durante la
Asamblea General Extraordinaria de la OEA, a realizarse en Lima, en septiembre próximo, como
un instrumento destinado a contribuir a la promoción, estabilidad, preservación y defensa de la
institucionalidad democrática.
3. Renovar el compromiso de nuestros gobiernos con la vigencia y respeto de los derechos
humanos, así como nuestra voluntad para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, incluyendo la posibilidad del progresivo funcionamiento permanente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
así como propiciar la universalidad del sistema interamericano de protección a los derechos
humanos.
4. Los Presidentes de los Países Andinos, en aplicación del Acta de Carabobo, adoptada con
ocasión del XIII Consejo Presidencial Andino, instruimos a los Ministros de Relaciones Exteriores
para que elaboren el texto de la Carta Andina de Derechos Humanos para su presentación en la
próxima reunión del Consejo Presidencial Andino, la misma que deberá contener los principios y
ejes temáticos sobre una política comunitaria en esta materia, incluyendo los temas referidos a los
derechos de la mujer y de los pueblos indígenas.
5. Los presidentes andinos decidimos encargar a los ministros de relaciones exteriores la
preparación de una propuesta destinada a fortalecer programas para la promoción de la
democracia, la participación ciudadana en todas sus formas, elaborar, proponer y ejecutar
acciones para la educación en la democracia, intercambiar experiencias entre los partidos políticos
de la sub región; y desarrollar políticas de promoción y difusión de los valores democráticos, en
concordancia con las políticas nacionales existentes.
Los derechos de los pueblos indígenas
6. Consideramos que la diversidad cultural y étnica que caracteriza a nuestras naciones es una
fuente de gran riqueza y unión entre nuestras sociedades. El ejercicio democrático en nuestros
pueblos exige el respeto y la promoción de la diversidad. Expresamos, en ese sentido, nuestra
decisión de continuar desarrollando estrategias y políticas dirigidas a revalorizar la pluralidad
étnica y la multiculturalidad de nuestras naciones, con el fin de promover la plena participación de
los pueblos indígenas y las minorías étnicas.
7. En ese sentido, apoyamos firmemente todos los esfuerzos encaminados a la promoción y
protección de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, entre ellos: el
derecho a su identidad y tradiciones en lo espiritual cultural, lingüístico, social, político y
económico; individual y colectiva; a no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras; a la
propiedad intelectual colectiva, a mantener y desarrollar su patrimonio cultural histórico; a sus
sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de
sus lugares rituales y sagrados; a la educación en la diversidad; a ser elegidos y desempeñar
cargos públicos. Expresamos nuestra voluntad de resguardar estos derechos dentro del orden
público y en cumplimiento de nuestras disposiciones constitucionales y legales vigentes.
8. Nuestros Estados tienen el deber de cautelar y garantizar la aplicación de todas las
disposiciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos existentes en los ámbitos regional
y universal, con la finalidad de asegurar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las
poblaciones indígenas conforme al principio de no discriminación. Impulsaremos, en ese sentido,
la elaboración y aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas.
9. La consolidación de la vida democrática y el estado de derecho en nuestros países demanda
políticas que aseguren la participación activa de las poblaciones indígenas en todos los ámbitos de
la vida nacional. A ese efecto los cancilleres propondrán la creación de una mesa de trabajo sobre
los derechos de los pueblos indígenas en el marco institucional de la Comunidad Andina de
Naciones, con la participación de las organizaciones indígenas, organizaciones de derechos
humanos, de la sociedad civil y representantes de cada uno de los estados miembros, con el
propósito de integrar plenamente a los pueblos indígenas a la vida económica, social y política de
nuestros países, respetando y promoviendo al mismo tiempo su diversidad cultural. La mesa
realizará su primera reunión a la brevedad posible en la ciudad del Cuzco.
Una alianza para la lucha contra la pobreza
10. Conscientes de que una auténtica y plena democracia es la base para una efectiva lucha contra
la pobreza, los jefes de Estado reiteramos nuestra decisión de emprender acciones para reducir la
misma en un 50% hasta el año 2015.
11. La justicia social es un elemento constitutivo de la democracia y es una condición
indispensable para garantizar la estabilidad política y la legitimidad de nuestros gobiernos. Por ello
nos comprometemos a alcanzar un crecimiento económico con equidad social que permita superar
las desigualdades, la pobreza y los desafíos que enfrentan nuestras sociedades.
12. Expresamos nuestra voluntad de fortalecer la cooperación política en el proceso de
integración subregional, otorgando una prioridad sustantiva a la agenda social.
13. Creemos que el buen gobierno y la administración eficiente y transparente, con mecanismos de
participación ciudadana, constituyen factores esenciales en la utilización adecuada de recursos
para superar la desigualdad social.
14. Conscientes que la corrupción atenta contra la estabilidad democrática y afecta a la lucha
contra la pobreza, reiteramos la necesidad de incrementar las acciones encaminadas a la lucha
contra la corrupción y cooperar en todas las acciones conjuntas que sean necesarias conforme al
derecho internacional y a los acuerdos regionales en esta materia.
15. Recibimos con expectativa los acuerdos obtenidos por el Grupo de los 8, en Génova, e
instamos a que puedan concretarse de manera efectiva, especialmente con relación al alivio de la
deuda externa y a la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza.
16. Expresamos, en ese sentido, la conveniencia de lograr acuerdos especialmente en el aumento
de la cooperación no reembolsable en las políticas de los organismos financieros internacionales y
de los gobiernos de los países industrializados, así como el aumento del financiamiento de
proyectos en las áreas críticas de la lucha contra la pobreza. Otorgamos especial prioridad al
intercambio de deuda por proyectos de desarrollo en favor de los sectores más vulnerables de la
sociedad.
17. Expresamos nuestra decidida voluntad política para aprobar un nuevo arancel externo común
antes del próximo Consejo Presidencial Andino, lo cual unido a la ejecución de los compromisos
en materia de circulación de personas, pasaporte andino e integración y desarrollo fronterizo,
asegurará el establecimiento del Mercado Común Andino en el año 2005.
18. En aplicación de los acuerdos obtenidos en la Cumbre de Carabobo y con la finalidad de
impulsar la agenda social y movilizar a todos los sectores de la sociedad en la lucha contra la
pobreza y en la generación de empleo, los presidentes de la Comunidad Andina encargamos a los
Ministros de Relaciones Exteriores la elaboración de una propuesta para el establecimiento de una
mesa de concertación social, en el marco del foro andino aprobado en la Cumbre de Carabobo,
que amplíe la participación ciudadana plena en los procesos de integración. La mesa aportará sus
reflexiones para el diseño de un "Plan Integrado de Desarrollo Social Andino".
Los presidentes de los países de la Comunidad Andina felicitamos al doctor Alejandro Toledo por
su elección como Presidente Constitucional de la República del Perú, así como por el liderazgo
que asumió, desde la sociedad civil, para la reinstitucionalización de la democracia en el Perú.
Expresamos, asimismo nuestro reconocimiento al Presidente Valentín Paniagua y a su Gobierno
por la realización de elecciones libres y justas y su destacado papel en la consolidación
democrática del Perú, así como por el restablecimiento de la vigencia de los derechos humanos y
las libertades fundamentales.
Lima - Machu Picchu, 28-29 de julio de 2001.
Firman
Jorge Quiroga Ramírez, Presidente en Ejercicio de la República de Bolivia,
Gustavo Noboa Bejarano, Presidente de la República del Ecuador,
Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República de Colombia,
Alejandro Toledo Manrique, Presidente de la República del Perú y
Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Lima, 29 de julio de 2001
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