PONENCIA
Marco
Murillo I.
(
Ecuador)
Los cambios sociales registrados en nuestro país durante la
denominada década perdida y durante esta última década están identificados por
una gran movilidad social, producto de un proceso de nuevas formas de
organización de la sociedad civil que ha dejando de lado las viejas estructuras
sociales para dar paso a otros. Esto hizo que el pueblo indígena, en su
conjunto, se convirtiera en un nuevo actor social que planteaba no solo ser
tomado en cuenta para la toma de decisiones y su espacio en la política, sino
que buscaba reivindicaciones sociales nacionales.
Esta búsqueda permanente hace que la historia de
consolidación del movimiento indígena sea una historia marcada por constantes
luchas, manifestadas en diferentes formas con el propósito de generar cambios
importantes en los enfoques con respecto a la identidad y los derechos
indígenas.
Cambios estos que se han logrado y que deben ser entendidos
en tres niveles aunque están interrelacionados: primero, existen cambios
importantes en el ámbito internacional que completan los derechos de los
pueblos indígenas; segundo, existen reformas constitucionales y legales
importantes en la Constitución Política del Ecuador; tercero, hay un
fortalecimiento extraordinario de diversas organizaciones de los pueblos
indígenas a nivel local, regional y nacional
En el ámbito internacional esto se evidencia claramente en
los nuevos instrumentos legales internacionales que reconocen: “Las
aspiraciones de los pueblos indígenas a ejercer control sobre sus
instituciones, su modo de vida y su desarrollo económico, además de mantener y
desarrollar su identidad, idiomas y religiones dentro del marco de los Estados
en los que viven”[1]. Además
establece mecanismos y procedimientos de consulta: “Los pueblos bajo
consideración tienen el derecho a decidir sus propias prioridades dentro del
proceso de desarrollo al éste afectar sus vidas, creencias, instituciones,
bienestar individual y las tierras que ocupan o utilizan y tendrán el control,
hasta la medida posible, sobre su desarrollo económico, social y cultural”[2].
De lo expuesto se desprende que los pueblos indígenas tenemos
derecho a ejercer nuestra autonomía y autodeterminación como colectividades de
manera específica el ejercicio del derecho al autogobierno de nuestra cultura,
religión, educación, información, medios de comunicación, salud, vivienda,
empleo, bienestar social, actividades económicas, gestión de la tierra,
recursos naturales, medio ambiente, entre otros.
En el ámbito nacional, durante los años 80 y esta última
década, los diferentes gobiernos de turno han reconocido la diversidad cultural
e institucional de las organizaciones indígenas. Las razones se deben sobre
todo al incremento de una conciencia indígena entre los pueblos mismos, el
fortalecimiento de nuestras organizaciones que han articulado nuevos procesos
de participación y desarrollo político.
Es en este proceso de consolidación donde las organizaciones
indígenas más representativas como la FEINE,
Movimientos Indígenas
en el Ecuador
El movimiento indígena surge en respuesta a la desatención
gubernamental de las aspiraciones, demandas y necesidades del pueblo indígena,
sumadas a la negación de los derechos que nos asisten para reclamar la tierra,
educación, salud integral, participación en los poderes del Estado y ejercicio
en la función pública.
Pero nuestra intervención en la acción política pretende
diferenciarse de la práctica de los viejos esquemas manejados por los partidos
políticos que representan los intereses de una minoría que tiene en sus manos
el poder económico y político de nuestro país.
Queremos revalorizar la acción política actuando con
honestidad y transparencia a pesar de todas las limitaciones para demostrar que
el estilo autoritario, violento y exclusionista de la vieja clase política esta
carente de propuestas.
Sabemos que el movimiento indígena, como cualquier
institución joven, está en un proceso de consolidación que hay que fortalecer
día a día, dejando de lado discrepancias dirigenciales que no llevan a nada.
Es preciso por tanto la integración entre los sectores
indígenas, porque solamente ahí podremos avanzar juntos hacia un destino común
en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida y de oportunidades para
nuestros pueblos. Solo podremos avanzar si estamos claros de que las soluciones
no vendrán de fuera; no habrá cambio posible sino unimos fuerzas.
Desarrollo y
Democracia
La población indígena del país es "la más pobre de los
pobres", medida tanto en términos de consumo como por las necesidades
básicas insatisfechas. Este panorama sugiere el deterioro de las condiciones de
vida en el campo y el incremento de los niveles de pobreza rural.
Según datos del Banco Mundial, alrededor del 95% de la
población reciben ingresos inferiores al requerido para satisfacer las
necesidades básicas: en el campo 7 de cada 10 personas viven en hogares pobres,
en tanto que 4 de cada 10 son pobres en las ciudades. En definitiva la pobreza
es el resultado del proceso de exclusión social, discriminación y marginación
que hemos sido objeto los pueblos indígenas a lo largo de la historia.
A todo esto se suma el proceso de industrialización, las
constantes políticas de ajuste frente a la crisis financiera y actualmente la
dolarización que han significado: la caída del precio real de los productos, la
merma de oportunidades laborales, la dificultad para adquirir tierras, el
debilitamiento de políticas gubernamentales para el sector indígena; todo ello,
en medio de altos índices de crecimiento demográfico traducido en grandes
migraciones, en una enorme presión sobre los recursos y en acelerados procesos
de erosión de la tierra y degradación del medio ambiente. Semejantes resultados
amenazan más que nunca drenar los cimientos culturales de nuestros pueblos.
De ahí que nuestra capacidad de auto subsistencia se ha
visto mermada por efecto del modelo económico imperante que lejos de
constituirse en vehículo para el desarrollo nacional, se ha constituido en una
amenaza para nuestra vida. Por ello, es importante implementar acciones a fin
de incrementar los niveles productivos propios de nuestros pueblos, conservando
la cosmovisión y potencializando los conocimientos ancestrales para propiciar
un desarrollo sustentable con identidad.
Nuestro país sigue enfrentando el mismo dilema y desafío por
la construcción de una sociedad sin exclusiones, una democracia sin violencia,
un desarrollo centrado en la realización de las personas y en el respeto al
medio ambiente. No obstante los inmensos esfuerzos e iniciativas de la mayoría
de la población, una modernización fundada en las leyes implacables del libre
mercado y en la reducción de la responsabilidad social y económica del Estado
han generado una creciente desigualdad social, grandes marginaciones, pobreza y
muerte.
Pese a que nuestros derechos han sido periódicamente
reconocidos en la Constitución y en la Leyes de la República, su real vigencia
sigue siendo una quimera. Los sucesivos gobiernos y autoridades se han encargado
de que impere la injusticia, la intolerancia, la corrupción y la impunidad. En
este sentido cualquier perspectiva de desarrollo humano y libertad está negada.
La tradición de resistencia y lucha libertaria de nuestros
pueblos, de nuestros hombres y mujeres, de nuestros niños, jóvenes y ancianos
es suficientemente altiva y eficaz como para pensar que no hay opción por la
esperanza.
Por ello estamos los que resistimos al autoritarismo, al
atropello, a la agresión y a la mentira; los que desafiamos a diario las
penurias y las crisis; los que vencemos al desempleo, a la inseguridad
alimentaría, a la depredación de los recursos naturales, a la falta de créditos
y asistencia técnica; los que combatimos a la discriminación étnica y de
género, los que transformamos cotidianamente al país con nuestro trabajo, con
nuestras iniciativas y creatividad.
Hoy más que nunca nuestra voluntad de cambio está
fortalecida, nuestra identidad se enriquece con nuestra diversidad
pluricultural y avanzamos a paso firme en la construcción de un futuro de
justicia, equidad y paz. Nuestra fuerza serena es la antítesis del pánico.
En síntesis, las propuestas desarrolladas por la población
indígena presentan potencialidades como: posible vinculación con el mercado
externo, diversificación de cultivos,
implementación de la agroindustria y garantía del consumo interno de
alimentos, por lo tanto la seguridad alimentaría. Estas ventajas se deberían
potencializar, por ello es necesario emprender acciones encaminadas a mejorar
la productividad de la producción indígena y con ello a mejorar la calidad de
vida de la población en general.
De ahí que es preciso que las iniciativas de desarrollo de
las instituciones y bancos multilaterales de desarrollo, de los programas y
agencias de las Naciones Unidas y de algunos de los donantes bilaterales
principales, deban dirigirse específicamente al sector indígena. Solo así se
podrá ver y entender el “desarrollo indígena” como un asunto prioritario.
Por ello es urgente que el desarrollo indígena sea para el
Estado una preocupación de política específica de alta prioridad, que el
gobierno en la necesidad de construir una nación moderna y de integración
nacional se interese también por la lucha contra la discriminación, las medidas
de compensación, el acceso a los recursos, la igualdad de oportunidades y la
participación de los indígenas en el estado y en sus instituciones.
No se solucionan los problemas de los indígenas solo creando
como se lo ha hecho durante esta última década instancias gubernamentales para
los pueblos indígenas como: la Secretaría Nacional de Asuntos Indígenas y
Minorías Étnicas "SENAIN", el Ministerio Étnico Cultural, el Consejo
Nacional de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros
"CONPLADEIN", y actualmente el Consejo de Desarrollo de las
Nacionalidades y Pueblos del Ecuador "CODENPE"; instancias que en
lugar de ser gestoras de las políticas de desarrollo para los pueblos
indígenas, mas bien se han convertido en una burocracia que se ha dedicado a
fraccionar y debilitar al movimiento indígena.
Por eso es que nuestro trabajo debe estar encaminado a
fortalecer a las organizaciones indígenas para participar más eficazmente en
los gobiernos locales a fin de canalizar los recursos del Estado en una mayor
proporción hacia nuestras comunidades.
Nuestra meta debe ser participar de lleno en una estructura
reformada del Estado, puesto que los pueblos indígenas no queremos ser vistos
ni presentarnos como grupos vulnerables que se benefician de la protección del
gobierno o como meros enfoques de mitigación o de protección.
Queremos ser actores, que se reconozcan nuestros derechos,
preservar nuestros valores culturales, ser consultados en todos los asuntos que
nos afectan, ejercer control y ser gestores de nuestro propio desarrollo.
Hemos avanzado en ello, pues en el papel jugado por los
pueblos indígenas y sus instituciones en la sociedad nacional, se ven
reflejados en los nuevos instrumentos legales concernientes a la identidad y a
los derechos indígenas, las reformas constitucionales y legales, los nuevos
enfoques administrativos y el crecimiento de nuestras organizaciones indígenas
nos da la capacidad de interactuar con las más altas esferas de las autoridades
gubernamentales.
También podemos hablar de
democracia participativa, de pluralismo y de consenso, marco donde surgen los
intereses sociales, económicos y políticos de los diferentes grupos sociales
que regulan el debate en la esfera pública. Donde el pluralismo admite la
tolerancia y el reconocimiento a las diferencias y el consenso aparece como la
capacidad de diálogo de los todos los sectores de la sociedad y como parte de
una auténtica democracia deliberativa, que conlleva la acción comunitaria y el
entendimiento a través del diálogo y la comunicación en beneficio de un interés
general.
Ello supone ponernos de
acuerdo en tres aspectos importantes:
1. El consenso
sobre reglas fundamentales: que persiguen los mismos fines valorativos para
definir reglas actitud inhales, condición fundamental para el desarrollo de la
democracia participativa.
2. Las reglas de
procedimiento: que consisten en reglas de juego claras que permiten abrir
espacios donde los conflictos puedan ser procesados y los actores políticos
puedan resignificar sus acciones, reglas que dan certeza accionaria sobre el
juego político y sus implicaciones.
3. Consenso sobre
el disenso: que consiste en el reconocimiento a las diferencias. Elemento
necesario para una verdadera democracia participativa y plural, ya que el
consenso solo puede ser discutido alrededor de la diversidad.
En el contexto político, el interés clave, es estructurar un
verdadero estado multiétnico y multicultural, que cuestione la exclusión
social, respete la identidad cultural y a la vez promueva la integración
nacional dentro del marco general de una economía de mercado moderna.
Cualquier plan social debe partir de la revalorización y el
reconocimiento de las cualidades y potencialidades de las organizaciones,
comunidades y pueblos indígenas por parte de la sociedad nacional; así como, el
fortalecimiento de las identidades de cada pueblo, a fin de buscar el
mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros pueblos.
Proyecto Político de
vida y de Desarrollo de la FEINE: Objetivos y Propuestas
El Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas
del Ecuador "FEINE", desde su creación en 1980, ha presentado una
serie de propuestas y demandas a los diferentes gobiernos que van desde una
reforma de la administración pública hasta medidas económicas que faciliten el
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros pueblos. Sin embargo, los
diferentes gobiernos de turno han respondido creando instituciones indígenas
dentro de la estructura del Estado como una estrategia de manipular y
desvirtuar nuestras propuestas.
No puede quedar al margen de este análisis el papel jugado
por la FEINE en la generación de un proyecto de vida mediante políticas
sociales, económicas, culturales y educativas en beneficio los pueblos y
comunidades indígenas, con el fin de alcanzar un desarrollo integral y armónico
de manera participativa y democrática.
Nuestra propuesta es conocida por todos, aunque mal
interpretada por muchos con posiciones reductivistas, mientras que en el fondo
es una propuesta que plantea el fortalecimiento de la identidad cultural y de
los pueblos indígenas, al mismo tiempo el fortalecimiento de la sociedad
nacional a partir de la diversidad de sus culturas, religiones, géneros, etc.
como un proyecto unificador.
Busca un nuevo estilo de desarrollo basado en la equidad la
justicia social; el respeto y la armonía con la naturaleza; el logro de una
mayor eficiencia productiva; el mejoramiento de las condiciones de vida; la
asimilación crítica del conocimiento; el desarrollo de nuestros propios
sistemas organizativos y el ejercicio de un poder alternativo inspirado en
nuestra cosmovisión y valores cristianos.
Plantea nuevas formas de representación política, en las que
se reconozca la autogestión y la participación democrática del poder político,
en forma proporcional en la administración política del Estado, es decir, la
participación de nuestros
representantes en las diferentes instancias administrativas del Estado
para la toma de decisiones referentes a nuestros pueblos y comunidades.
El modelo de desarrollo implementado en el Ecuador, en las
últimas décadas, no articula en forma estructural lo económico con lo social,
ni mucho menos con lo espiritual, lo cual pone en evidencia la urgencia de
confrontar el problema de la iniquidad y desigualdad, de tal manera que
trascienda a un mejoramiento del nivel de vida de nuestros pueblos.
El funcionamiento de nuestra sociedad en los últimos años se
ha caracterizado por la concentración del poder económico y la desvalorización
de los principios éticos y morales, tutelados desde los las diferentes
estructuras del Estado, con el perjuicio evidente para la población indígena,
creando una serie de efectos secundarios de carácter negativo.
A pesar de la globalización, el ser humano sigue siendo el
centro del mundo, como tal es un miembro de una sociedad dinámica y vehículo de
su propia cultura, mediante la transmisión de los elementos culturales. El
hombre garantiza la continuidad y el desarrollo social, cultural, ideológico y
económico, este proceso de creación espiritual satisface las necesidades y
planea las soluciones de los problemas de las personas, familias, comunidades,
pueblos y sociedad en general.
Es urgente desarrollar una política
integral que abarque todos los planos de la vida social, económica, política,
ideológica, cultural y espiritual. Ello implica ejercer nuestros derechos
constitucionales desde la perspectiva de los distintos actores socioculturales;
procesar demandas de autonomía; Adecuar los sistemas de representatividad
pública e institucionalizar las relaciones entre los diversos sectores de la
sociedad nacional.
De esta manera enfrentar el dilema y desafío para la
construcción de una sociedad sin exclusiones, una democracia sin violencia, un
desarrollo centrado en el respeto al medio ambiente, una libertad para el ejercicio
religioso, un afianzamiento de valores y principios morales.
Nuestra propuesta se proyecta como una estrategia de
desarrollo con identidad, a fin de ser actores sociales dinámicos y
propositivos. Ello implica generar espacios de reconocimiento, tolerancia y
respeto mutuo de la diversidad
existente al interior de los pueblos indígenas y de la sociedad ecuatoriana, ya
que somos diversos. Y es precisamente a partir de esa diversidad que estamos
construyendo nuestro gran proyecto político de Vida y no de muerte.
Marco Murillo Ilbay
PRESIDENTE FEINE