El
contexto y el sistema político en el movimiento indígena ecuatoriano.
(Texto
preliminar sujeto a correcciones diversas)
Jorge
León T.
CEDIME[1]
Las relaciones y los conflictos étnicos en el continente, entre los pueblos de origen
precolombino[2] y las otras
poblaciones, en el periodo contemporáneo, no han dado lugar, en todas partes a
la emergencia de movimientos de identidad o étnicos, ni menos a la emergencia
de actores políticos étnicamente diferenciados.
En el Ecuador, las relaciones étnicas entre estas poblaciones conocen similares dinámicas sociales y culturales que en los demás países latinoamericanos que tienen significativa población indígena a través de la redefinición de la condición étnica al nivel individual y colectivo, a medida que las poblaciones indígenas se insertan en nuevos espacios de acción y de vida, tanto por diferenciación social como por movilidad social, frecuentemente con la migración interna o ahora internacional, lo cual conlleva la renovación de pertenencia, el resituar a la persona ante el mundo, el ¨nosotros¨ ante los ¨demás¨, etc.. Este proceso de cambio pasa, en general, por una reinvención del pasado y de la etnicidad, se trata de una recreación de identidades ante el cambio. (ref. bibliográfica)
Paralelamente, se conocen diversos procesos de afirmación colectiva y de
reconocimiento de estas poblaciones como entes colectivos tanto por el Estado
como por el conjunto de la sociedad[3]. Frecuentemente, tras las múltiples
afirmaciones del pasado o la valoración de la tradición o de su reinvención
actual encontramos la búsqueda de medios o recursos para enfrentar la
modernización (en el sentido de M. Weber). Más que una ratificación de la
tradición es su recreación y modernización que predominan. En este proceso, a
la postre, no se contraponen tradición y modernidad, los dos polos crean una
dinámica para insertar a estas poblaciones
en la modernización actual a partir de sus propios recursos o
condiciones. En Ecuador se conocen todos estos fenómenos en lo cotidiano. (ref.
bibliográfica)
Llama la
atención en Ecuador, además, la importancia adquirida por las organizaciones
de estos pueblos, primero como parte de
un movimiento social de identidad y, en segundo lugar, como actores políticos
importantes en la escena política, en particular luego de su participación
pública en el derrocamiento de Jamil Mahuad (enero 2000). Este proceso no es
nuevo ni exclusivo al Ecuador. El movimiento Katarista en Bolivia, la historia
trágica y mal develada de Guatemala, o la participación de los indígenas en
Nicaragua o en Colombia, o recientemente, el impactante efecto de Chiapas en
México, entre otros casos, han marcado hitos de una tendencia a la constitución
de actores políticos étnicamente diferenciados con impactos diferentes, según
los casos. En unos casos predominan sus acciones en alguna coyuntura, en otros
sus propuestas de redefinición del Estado y de su inserción en los mecanismos
de participación política[4].
La
persistencia e importancia en la vida
pública ecuatoriana de los últimos diez años, de este tipo de organizaciones y
de movimientos requiere una explicación. No acontece lo mismo en otros países
en los cuales existe una población indígena
importante e inclusive, como en el caso de Bolivia, tanto las organizaciones
como el movimiento étnico son anteriores y tuvieron igualmente presencia
pública significativa que, empero, no ha continuado.
En nuestra hipótesis, un contexto de cambios sociales en
las regiones rurales luego de la reforma agraria y ciertas características del
sistema político ecuatoriano permiten comprender este proceso, de modo
concomitante con la acción de estos actores.
Para ello, señalaré,
primero, ciertas características de la constitución de estos actores
sociales; en segundo lugar, algunas acciones colectivas y en la escena política
que sitúan los aspectos que he identificado de ser actor político. En tercer
lugar, me referiré al contexto social
considerado como una dimensión explicativa y comprensiva de este movimiento. En
cuarto lugar, presentaré las características pertinentes del sistema político
ecuatoriano y, finalmente, varias conclusiones que tratan de interpretar el
sentido de los procesos que conlleva este movimiento.
En los estudios actuales existe un redescubrimiento
de estas relaciones y conflictos
étnicos, a través de la constitución y no raramente de la búsqueda de la imagen
de un ¨nuevo indígena¨. Se tiende a considerar los cambios en dichas relaciones
como fruto del contexto actual, y frecuentemente como resultante de los
fenómenos de mayor internacionalización o globalización. Sin embargo, como
trataré de situar para el caso
ecuatoriano, estos cambios hacen parte de fenómenos de larga duración, cuanto
más que las relaciones y conflictos étnicos han sido constitutivos de las
estructuras sociales y de los Estados andinos.
Las relaciones étnicas, las cuales tienen diversas dinámicas y expresiones, no son aquí consideradas, sino desde la óptica de un movimiento de identidad. Como lo hemos definido con anterioridad, los proceso de participación política de estos sectores étnicamente diferenciados “implican un rechazo a la discriminación, una búsqueda de igualdad de derechos y su constitución colectiva como sujetos activos en la vida pública, y conllevan una redefinición individual y colectiva de sí mismos.
En consecuencia, múltiples acciones de estos movimientos buscan explícita o tácitamente la construcción de la imagen de uno mismo y del "otro", acto que a veces inclusive prima sobre todos los demás. Se trata de la inserción de los excluidos en nuevos espacios sociales, públicos y privados, lo que expresa un cambio de la sociedad y de sí mismos. Este doble proceso de redefinición de los roles y estatus - que la etnia o el género u otro factor imponen - y la inserción en los espacios públicos, significan igualmente no sólo una redefinición propia en lo referente a la situación adscriptiva anterior sino también un reconocimiento por parte del resto de la colectividad, diferentes de aquellas del pasado. Un movimiento de identidad, por consiguiente, puede ser visto como un proceso de redefinición de los espacios diferenciados, creados por el mantenimiento de pertenencias a colectividades sociales oponentes, entre cuyas acciones se tiende a priorizar la reconstrucción de la visión de si mismos en los actores, proceso que implica, en general ......., la modificación de un proceso de dominación.”[5]
En esta
conceptualización de un movimiento de identidad, readecuamos la ya clásica
concepción de Frederik Barth[6]
sobre los grupos étnicos y sus fronteras sociales. Barth consideraba que estos
se defenían más por la "frontera" que los distanciaba de los otros
grupos y no por su bagaje cultural.
En un análisis como el que
pretendemos, de comprender la dinámica del conflicto social, en este caso de
las relaciones étnicas, los espacios del conflicto y los sociales
se modifican y cambian en la dinámica misma de un conflicto. Igualmente,
es necesario tener en mente que, un movimiento social no está solo hecho de
acciones colectivas sino de una multiplicidad de acciones, las cuales tienden a
modificar de modo factual aquellos polos de la relación que están en cuestión
en ese movimiento. De ahí la importancia precisamente del contexto social y
político. Estos, a su vez, resultan insuficientes para la comprensión sin
completarlos con un análisis sobre la condición estructural de los actores de
estos movimientos. Una dinámica del conflicto, finalmente, no puede entenderse
sin las orientaciones de los actores ni
sin ¨lo que está en juego¨ o por
definirse en el contexto. Es la
dinámica del conflicto que así se diseña.
1- La constitución de los actores sociales
étnicos
Las organizaciones de tercer grado que
tienen una concepción de identidad étnica, en parte, son fruto de un inicial
proceso de organización al nivel local, en formas diversas como cooperativas,
asociaciones agrícolas y en casos artesanales, desde fines de los 50. Estas organizaciones son diferentes de
aquellas que las centrales sindicales, bajo la egidia, primero, de partidos de
izquierda (Socialista y Comunista) y, luego, de la Democracia Cristiana han
formado con campesinos que en su mayoría también eran indígenas, las unas desde los 30-40 y la última desde los 60-70.
Sin embargo, predominó en estas organizaciones una concepción de clase y no la
étnica. Buscaban redefinir las condiciones de la hacienda o de la tenencia de
la tierra. La formación de las organizaciones étnicas locales a las que
inicialmente nos referimos, en cambio, partían de integrar a las poblaciones
rurales, incluidos indígenas, para metas consideradas de desarrollo. De modo
implícito, borraban la condición de discriminación étnica predominante al
considerar que el “desarrollo” era para todas las poblaciones; se promovía una
consideración de igualdad social. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones
étnicas de tercer grado serán sobre todo el fruto de la emergencia de nuevos
dirigentes indígenas en los 60-70. Se
trata de una fase de modernización de dirigentes, gracias a los proyectos de
desarrollo para compensar la pobreza rural (p.e. Misión Andina, Punto 4); a la
formación de maestros rurales hecha por el Estado en Escuelas Normales ad-hoc;
y, a los cambios de orientación del clero católico que llevó a la formación de
catequistas indígenas. Muy poco se refiere, en este proceso, a la importancia
de las iglesias protestantes cuyo proselitismo en la coyuntura de cambios de
entonces se incrementaba. La Iglesia católica se redefinirá en clara
competencia contra estas otras iglesias y contra las organizaciones de
izquierda, también en auge. Proyectos de desarrollo, educación y religiones,
por vías diferentes, convergen para modificar los límites de la discriminación
étnica, al hacer que los excluídos, indígenas, accedan a espacios antes a ellos
vedados. En el caso de los evangelistas y protestantes, la promoción de la idea
de la igualdad entre “hermanos” como es sabido, tuvo aún mayor incidencia en las mentalidades rurales para transgredir
esos límites. Las iglesias con sus
catequistas y los maestros rurales
fueron los más importantes promotores de las organizaciones de tercer grado con
una concepción de pertenencia étnica. La mayor parte de estas organizaciones se
forman con los objetivos y protección de la Iglesia Católica y una minoría,
fuera de ella. Una parte de esta esposará las corrientes de izquierda. Desde un
inicio, se desarrolla una disputa para laicisar a esas organizaciones. Hasta
ahora, sin embargo, de modo directo o indirecto, persiste un lazo con el clero
católico y, en el caso de una minoría,
con el sector evangelista. Igualmente,
desde un inicio, los sectores próximos a las izquierdas, tratarán de acercar
estas organizaciones a las corrientes sindicales y a volver predominante el
discurso de clase a detrimento del reconocimiento de lo étnico.
CONFENIAE Y ECUARRUNARI
La
organización amazónica Shuar (FICSHA, Federación Indígena de Centros Shuar y
Ashuar) es considerada la primera, de las organizaciones de segundo grado
(1961). Creada bajo la iniciativa
de los salesianos, se desarrolla con
los cuadros formados para su tarea de evangelización. Adquirirá rápidamente
importancia pública al ocuparse de una red escuelas radiofónicas en los
diversos centros Shuar. Ante la colonización, sus acciones se encaminarán a
lograr el reconocimiento colectivo de la tierra para sus miembros. La FICSHA
rápidamente definirá una estrategia que es la búsqueda de una dinámica de
autogestión, garantizando la tierra y la educación, en un inicio. En segundo
lugar, estableciendo una práctica de pragmatismo en sus relaciones con
cualquier contraparte externa, incluido con el Estado. Finalmente, hace de la
organización su principal instrumento de modernización; por medio de ella
llegan los nexos con el mundo externo, y consecuentemente, logra una transición
entre autoridades tradicionales y los dirigentes de la organización. A la
larga, se crea una simbiosis entre autoridades locales y dirigentes de la
organización. Es decir, se constituyen en un sistema formal paralelo al
oficial.
Este esquema
inspirará a las demás organizaciones indígenas formadas por los demás pueblos
amazónicos y, en un segundo momento, a la CONFENIAE (Confederación de
Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) que las asocia a todas
(1980). A pesar de las diferencias religiosas, ha predominado una organización
en cada pueblo y no es sino por presión gubernamental que se han formado nuevas
organizaciones paralelas, en particular en la población Shuar.
El conjunto de las organizaciones indígenas de la
Amazonía fueron, primero, creadas por las misiones católicas y, luego, por las
evangélicas predominantes en la región. En la Sierra, ECUARUNARI fundado en
1972 corresponde al auge de organizaciones en el sector rural. Lo constituyen
cooperativas, comités parroquiales, asociaciones, cabildos comunales, entre
otras organizaciones, de las principales provincias en las cuales predomina la
población indígena. Fue promovido por la Iglesia católica en su fase de cambios
en sus pautas de evangelización que busca un mayor reconocimiento de las
poblaciones concernidas y le lleva a formar catequistas indígenas. De ahí el
eje de valoración cultural indígena y no de los aspectos de clase. Las organizaciones integrantes de ECUARUNARI se distanciaron rápidamente del clero
católico pero no incluirán sino en estos últimos años a los sectores
evangélicos. A diferencia de los Shuar, esta organización no tendrá una
estrategia de acción definida ni estrategia económica. Será más bien presa de
diversos criterios de orientaciones, entre los sectores favorables a la
izquierda y poco favorables a un discurso étnico, el de los clérigos que se
encontraban en la posición inversa y en nexo con las posiciones de su iglesia,
y finalmente, un sector laicisante que se vuelve el predominante pero sin
orientaciones definidas a más de defender una orientación de identidad
indígena. Tampoco, esta organización podrá ser la representante de la población
indígena en donde estaban sus organizaciones. Predomina en la Sierra la
multiplicidad de organizaciones y orientaciones. Aún más, no todas las
organizaciones indígenas de la sierra se integrarán en ECUARUNARI, predomina un
mundo faccional y de competencia entre ellas, según las provincias. No es sino
en 1986 cuando se forma la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador) que se integran a ella la mayoría de estas organizaciones o las
multiplicará y ganará más miembros a medida que logre mayor reconocimiento
público e interlocución ante el Estado. Ese es un fenómeno similar al de las
centrales sindicales en relación a un sindicato de base, aquellas adquieren
mayor importancia para éste, cuando logran mayor presencia pública. En cambio,
ECUARUNARI cumplió el rol de ganarse lentamente una presencia pública como “diferente”
de las demás organizaciones campesinas; un rol de construcción de una identidad
pública. Lo hará ocupándose de diversos problemas que se vuelven predominantes,
según la coyuntura, de la tierra a la educación o a los proyectos de
desarrollo, pero presentándolos como parte de una proceso de afirmación
indígena, un derecho de igualdad y no tanto como una demanda de clase. Bien pueden ser considerados problemas
sociales de clase, pero el sentido de su acción es el de una afirmación étnica.
La CONAIE (1986) se formará previo
debate por el cual su propuesta primera, de ser una organización indígena y campesina
(CONACNIE), se modificará al eliminarse este aspecto de clase y privilegiar el
étnico. Buscará a constituirse como representante del conjunto de
organizaciones indígenas y primará desde un inicio el proyecto de convertirse
en interlocutora del Estado como representante de poblaciones étnicamente
diferenciadas.
El conjunto de
las organizaciones indígenas conocerá un proceso de redefinición según los problemas predominantes en una u
otra coyuntura pero mantendrá una polarización de alteridad definida en
términos étnicos, que lo hemos llamo el cotejo
étnico.
- La educación como reivindicación de igualdad para los
niños y las niñas indígenas, tanto para el acceso a la misma como para tener un
trato no discriminatorio en la escuela, y finalmente para constituir escuelas
propias, es la reivindicación de estos nuevos cuadros o es este el motor para
la constitución de estas organizaciones, generalmente antes que la de la tierra
Coincidentemente, puede constatarse que un fenómeno similar acontece en todo el continente.
- La tierra o la lucha por la tierra será el segundo
incentivo para la constitución y desarrollo de estas organizaciones. Más
precisamente, son las organizaciones de origen sindical las que promueven el
cambio en la tenencia de la tierra con la Reforma Agraria y serán, luego, estas
nuevas organizaciones las que plegarán al movimiento. Podrán, entonces,
ampliarse y responder a la necesidad de
acceso a la tierra para otros sectores que los incluidos en las organizaciones
sindicales. Este proceso permitirá a estas organizaciones, que a la sazón son
las de la Sierra, ampliar su horizonte social y de acción, al incluir en sus
concepciones los aspectos de clase relacionados a la disputa por la tierra. La
dinámica de este conflicto le empujará a ampliar sus propuestas, definirse ante
un Estado más proclive al sector terrateniente y a largo plazo a compartir
acciones con las demás organizaciones de campesinos, con identificación de
clase. Estas a su vez, a medida que se incrementan las étnicas y su
legitimidad, terminarán incorporando los aspectos étnicos, tal es el caso de la
filial de la central sindical CEDOCUT, la FENOC que se vuelve FENOCIN y lo
mismo en la más reticente de todas, la CTE, de orientación comunista, con su
filial campesina FEI.
En la Amazonía, la situación fue diferente. No se dio tal
lucha para el acceso a la tierra sino para mantener sus territorios ante los
procesos de colonización. En un primer momento, se trata más bien de
estrategias defensivas y no ofensivas como en el caso anterior de las
poblaciones de la Sierra. En un segundo momento, ya avanzados los 80, en
cambio, se modifican sus acciones para obtener la legalización colectiva de sus
tierras. Esta fase conllevó una redefinición de orientaciones y de actividades
para centrar su accionar frente al gobierno, algo diferente del pasado, que les
llevará con el tiempo a realizar acciones públicas de protesta. Acciones,
interlocutores (Estado, gobierno central u Congreso, autoridades diversas,
etc.) y componentes de “lo que está en juego” en la coyuntura cambian y con
ello se redefinen los dirigentes y las orientaciones.
- La educación bilingüe se convirtió también, por un
tiempo, luego de la fase de Reforma Agraria en la reorganizadora de las
organizaciones. La actividad principal por ellas promocionada fue primero la
alfabetización y luego la educación primaria bilingües. La característica
ecuatoriana es que este proceso se hizo bajo control de las organizaciones
indígenas. Por un tiempo, ser dirigente de la organización y maestro resultaban
equivalentes. La preocupación de la organización y de sus dirigentes fueron los
programas educativos. El proceso se inició con la constitución de escuelas
paralelas a las oficiales en un
esfuerzo de crear un sistema paralelo distinto del oficial. Este proceso
inicial se modifica cuando el Estado reconoce oficialmente un programa oficial
de educación bilingüe con un programa especial, un personal ad-hoc indígena,
recursos particulares y una estructura burocrática del Estado (DINEIB,
Dirección Nacional de Educación Intercultural y Bilingüe) controlada por las
organizaciones indígenas. Este proceso favoreció un acercamiento y concertación
entre organizaciones indígenas de diversas confesiones y las campesinas de
origen sindical.
- En una
tercera coyuntura, predominará la búsqueda de proyectos de desarrollo, una vez
estatuido el acceso a la tierra. Se tratará de la puesta en valor de los
recursos rurales, incluida la tierra cuando la disputa por el acceso a la
tierra llegará a su límite, es decir cuando cambia lo que está en juego en la
coyuntura. Las relaciones, posiciones y dirigentes cambiarán una vez más,
predominarán aquellos que cumplían una función de intermediarios entre la
comunidad y el mundo de afuera, sean las entidades del Estado promotoras de mejoras
productivas o de crédito, o entidades externas de cooperación, nacionales o
internacionales.
- La
aceleración del proceso de crisis incidirá para que la CONAIE se encuentre a la
búsqueda de propuestas alternativas de desarrollo y rastree recursos en consecuencia,
esta vez ya no necesariamente con el Estado sino de modo paralelo al mismo.
Concomitantemente, este proceso lleva a las organizaciones indígenas, en
particular a la CONAIE a ser
interlocutora del gobierno para cambiar las políticas del Estado que afectaban
a las poblaciones rurales o demandar nuevas políticas. La secuencia siguiente a
este proceso ha sido buscar una presencia pública como actora política. El
conjunto de decisiones, e inclusive el cumplimiento de diversas decisiones de
carácter administrativo, en este tipo de sociedad, requieren la presión pública o su paso por la mediación
política.
Conclusiones
En cada uno de
estos procesos de redefinición, según las coyunturas, las organizaciones
indígenas, han ampliado sus ámbitos de acción, han incorporado otras
poblaciones a las que deservían y han aumentado las contrapartes con las que se
relacionaban, estatales o no, nacionales o no. Superponen ejes sociales articuladores
de acciones que mantienen una perspectiva de acción étnicamente diferenciada o
actúan en un sentido de redefinición de la alteridad.
Igualmente,
construían nuevas propuestas de acción y ampliaban su presencia hacia
otros espacios de aquellos antes
considerados exclusivos de la población no indígena. Es decir, con estas
acciones y perspectiva modifican las fronteras étnicas, sin embargo, a
diferencia de lo que en los hechos pueden también hacer otras organizaciones
como las campesinas, lo hacen con un discurso étnico el cual a la postre
termina por dar resultados públicos. Esto implica que hay una apertura o
posibilidad de incursionar a este nivel público. Esta incursión en el nivel
público, a su vez, potencia su accionar
factual y local.
No es una
fatalidad el que los indígenas hayan llegado al rol político actual. Sin
embargo, las condiciones del sistema político y su peso en las decisiones
sociales llevan a incursionar en este
campo de acción. Hay una exigencia o demanda del sistema en este sentido, pero
se requieren condiciones para poder hacerlo. En el pasado, todos los sectores
excluidos como los trabajadores asalariados y, antes, las clases medias,
vivieron similares procesos al momento de ser incluidos en los mecanismos de
decisión y de ciudadanía en sentido amplio.
En el continente, sólo las mujeres viven este proceso de modo limitado,
al haber incursionado en la escena pública con la protesta (por ejemplo, ante
las dictaduras) y al haberse distanciado luego, con la llegada de los partidos
y perder una presencia diferenciada en este ámbito político.
Los aspectos
antes mencionados muestran que la constitución de estos actores sociales y
políticos, llamados organizaciones indígenas como agentes de un movimiento de
identidad, es un largo proceso por el cual estas organizaciones van
estableciendo diversos medios de reconocimiento y presencia con las poblaciones
miembros.
Se trata
finalmente, de una dinámica de competencia con otras organizaciones en el mismo
medio rural, las organizaciones sindicales. Estas han ido perdiendo legitimidad
a medida que la realidad desplazaba lo que estaba en juego en el mundo social
de cada coyuntura y que su discurso no lograba adaptarse a la nueva realidad.
En contra parte, las indígenas, sin tener una propuesta definida de ante mano,
han logrado adaptarse a la coyuntura e ir marcando presencia en cada momento, a
la postre con ello se legitima su perspectiva étnica.
En las organizaciones indígenas, existen dos dinámicas de
acción marcadamente diferenciadas que persisten como dos ejes del proceso de
cambios étnicos; uno al nivel local y otro al nivel de la escena pública.
Empero, los dos terminan relacionados por una misma dependencia orgánica a la
comunidad andina. El núcleo de base de estas organizaciones es mayoritariamente
la comunidad, es decir una entidad socioeconómica y política lo cual otorga
cierta permanencia a dichas organizaciones. Sin embargo, estas organizaciones
mal pueden adquirir completa autonomía en sus acciones y decisiones si no
logran algún tipo de acuerdo o de representación
de éstas. Es parte de su dinámica el actuar tanto como delegadas de las primeras como, en otros momentos, construir una
lógica de representación
política. Dos procesos que pueden ser
considerados como componentes de la construcción de una nueva representación.
2- Acciones colectivas y en la escena política:
protesta y presencia pública.
2.1 Actos colectivos
Desde hace diez años,
diversos actos colectivos han permitido que las organizaciones indígenas,
encabezadas por la CONAIE, puedan tener presencia en la vida pública, lograr
reconocimiento entre sus miembros y, de
modo creciente, convertirse en interlocutores del Estado, finalmente, ser
líderes de la protesta popular y representar a los sectores populares y
contestatarios En segundo lugar, desde 1996, estas
organizaciones forman una asociación política, Movimiento Político Pachakutik,
en el cual diferentes dirigentes de las organizaciones indígenas han sido
candidatos a diversos niveles de representación política en municipios, en el
Consejo de la Provincia (equivalente al Departamento en el Perú) o a la
diputación para el «Congreso Nacional”. Haremos una rápida
presentación de estos hechos[7].
El
Levantamiento de 1990
El
acontecimiento desencadenante de estos hechos es el acto colectivo de protesta
llamado “levantamiento indígena”, realizado en 1990. (refer. bibliográfica)
En la historia contemporánea nunca se había
visto que los indígenas, identificados como tales, se apoderen de las
carreteras principales de la Sierra, en un país ahora fuertemente
interrelacionado, bloqueen el tráfico entre las principales regiones del país y
lleguen a pueblos y ciudades en buen número de provincias andinas. Ese no era
su espacio. Habían sido recluidos al campo. Ahora, en masa venían a la ciudad,
obligaban a las autoridades principales a que lleguen a sus lugares de
concentración, como el coliseo y oigan sus discursos sobre su condición de
personas excluidas de las decisiones, sin servicios de base, discriminadas por
autoridades y ciudadanos corrientes, vejadas y maltratadas en los lugares públicos
o en el transporte.
Sin embargo, más que las quejas, predominaron
las exigencias que se cumpla con las
promesas políticas, pues, ¨eran ciudadanos¨; la expresión de la desconfianza
hacia los no indígenas; y que se los reconozca como pueblos diferentes. Siguiendo
una larga tradición, obligaron
precisamente, a las autoridades, a firmar “convenios” en los que se
comprometían a responder a sus necesidades de tener agua, servicio eléctrico,
escuelas, caminos, menos impuestos, pero también a no discriminarlos en las
oficinas públicas. Las autoridades
aceptaron. El gobierno formó una comisión especial para negociar con los
indígenas, sobre sus propuestas y demandas. Por primera vez, los indígenas eran
reconocidos públicamente como interlocutores del gobierno. Fueron necesarios
días enteros de protesta que paralizaron el comercio y la comunicación
terrestre entre la Sierra y la Costa.
A más del
hecho histórico para los indígenas de convertirse en interlocutores del Estado
y de recibir amplia cobertura de prensa, algo completamente inusual hasta
entonces, seguida de un debate sobre su condición social y la idea del
reconocimiento de los derechos colectivos, este acto colectivo significó al
interior de las poblaciones indígenas un encuentro consigo mismas. En efecto,
se rompen barreras de mutuo aislamiento entre estas poblaciones, a través de
compartir un mismo acto colectivo de protesta entre poblaciones ausentes las
unas de otras pero integradas gracias a la prensa. Simbólicamente, se configura
y percibe la idea de pueblo, es decir la pertenencia a la comunidad de ausentes
o distantes, la “comunidad imaginaria” de B. Anderson. Este acto puede ser
interpretado como una afirmación colectiva que modificó las relaciones entre
indígenas y no indígenas. El acto mismo, como nunca antes, suscitó una
adhesión significativa de varios
sectores no-indígenas, incluido en Guayaquil, ciudad distante de estos
problemas. Desde entonces se conocen diversos fenómenos de valoración de sí
mismos, de su pasado y de ampliación de sus espacios de acción en el Estado o
en la sociedad, en los diversos actos y espacios cotidianos. Para muchos
indígenas, igualmente, con este acto quedó claro que eran ecuatorianos, es
decir ciudadanos y tenían derechos como
los demás, desde solicitar el uso de la
banda del Consejo Provincial en una fiesta del pueblo a exigir nuevos servicios
públicos, como teléfonos o museo o escuelas particulares[8].
Como es común, un acto de tanta trascendencia resulta polisémico, a más del hecho que las participaciones fueron también diferentes de un sitio a otro, o de una organización a otra, cada cual definió su programa y metas, fuera del hecho que muchos definieron planes y programas posteriores a la acción colectiva y los legitimaron en el éxito de la protesta. Fue un acto que permitió un auge de formulación de propuestas. Junto a estas propuestas locales, estuvieron varias promovidas por las organizaciones nacionales. Nosotros hemos catalogado a estas como de clase, otras étnicas, entre ellas la idea de una ciudadanía diferente, con derechos colectivos. Desde entonces estos aspectos se han ampliado y tomado nuevos causes.
1991-92
se amplían los participantes en la protesta colectiva
Entre 1991 y 92 diversos actos muestran esta continuidad de
afirmación y presencia pública.
23 de Abril de 1991, una larga e impactante marcha de las
organizaciones amazónicas llega a Quito para exigir la legalización de los
territorios. Este sector no fue participe, sino de modo simbólico, del
levantamiento de 1990, de este modo se convertía en actor de la protesta con la
importancia de los anteriores participantes. Fue el ¨levvantamiento¨o acto
colectivo de protesta de las poblaciones amazónicas.
28 y 29 de mayo de 1991, hay una toma simbólica del Congreso
por dos días para tramitar la amnistía de indígenas enjuiciados penalmente en
actos de protesta. Los amazónicos anuncian que se conformará un Parlamento
Indígena para iniciar un autogobierno. Este será un mecanismo utilizado
reiteradamente para marcar la diferencia colectiva con el gobierno y el
congreso oficiales.
Para octubre de
1992, con motivo de los 500 años de la conquista española, se realizan diversos
actos públicos, en particular se vuelve a ocupar las carreteras e impedir el
tráfico. Si bien no son actos que logran el éxito en la movilización e impacto
que en 1990, tiene cierto impacto según las provincias.
1994:
el levantamiento con la Ley de Modernización Agraria
Las protestas indígenas volverán a ser parte de
la vida pública, en 1994. Por diez días, otra vez, fueron cerradas las carreteras y paralizado el transporte. La
protesta nació y creció inesperadamente, cuando el Congreso aprobó una Nueva
Ley de Modernización Agraria promovida por el Gobierno de Durán Ballen,
ampliamente inspirada en las ideas neoliberales y con el apoyo del FMI. Esta
Ley acababa con la idea de Reforma Agraria o de dividir las grandes propiedades
para que los campesinos puedan disponer de un pedazo suplementario de tierra;
como ya se hizo en otros países se definía que sean las normas del mercado las
que rijan la vida rural. Por este medio, se quería también que la tierra
colectiva, de las comunidades, se venda sin restricciones; disponer fácilmente de las tierras de
páramos, que son reservas de pastoreo y protectoras de la humedad de las tierras
bajas, además de albergar a codiciadas fuentes de agua. Se abría la posibilidad
para que las aguas, un bien raro e
indispensable, pueda ser captado por los grandes terratenientes. La situación resultaba aún más complicada si
se considera que son los campesinos, en particular los indígenas, quienes alimentan al país, pero no lo hacen en las
mejores tierras sino en las laderas, en las tierras que se erosionan
constantemente, mientras las tierras más fértiles, de los valles, consagradas a
la ganadería, son de los terratenientes. Esta ley finalmente, favorecía la
exportación y no se refería a la alimentación interna. Esta ley, por
consiguiente, que topaba diversos sectores rurales y modificaba las reglas de
juego predominantes hasta entonces,
logró aglutinar a diversos sectores antes en divergencias.
Una vez más, el gobierno se vio obligado a
formar una “mesa de negociación” encabezada por los presidentes del gobierno y
del Congreso, a más de cinco ministros. A ese punto era importante la ley y los
acontecimientos de protesta. Las organizaciones campesinas e indígenas reunidas
reformaron la ley en una negociación con las Cámaras de la Agricultura.
(Guerrero, A. 1998)
Esta
negociación fue considerada ejemplar, una necesidad para que exista la
democracia y un reconocimiento al pluralismo. El éxito de la movilización y de
sus resultados políticos, volvió a legitimar a la protesta.
A más del éxito del acto colectivo, en esta ocasión se revirtieron los términos de las relaciones de las organizaciones rurales. En efecto, participaron cinco organizaciones nacionales, sindicales o no, sin embargo, fue notorio esta vez que la CONAIE tenía mayor capacidad de convocatoria y por lo mismo disponía de reconocimiento social. Se modificaba así una situación en la cual las organizaciones indígenas eran consideradas débiles y las otras las portadoras de las propuestas legítimas. La CONAIE, igualmente, mejoró su imagen pública al haber sido la entidad de conciliación y mediadora entre posiciones del gobierno o de los terratenientes y las de sectores sindicales que defendían sin más la idea de la Reforma Agraria anterior. Del proceso de negociación sobresalió el pragmatismo de la CONAIE y su admisión que había que realizar cambios diferentes a los del período de reforma agraria.
Así, a más de lograr mayor reconocimiento de la población, la CONAIE lo adquiría también en los no-indígenas y se reforzaba como ente de la interlocución para los sectores rurales.
Finalmente, en la lógica del sistema político ecuatoriano, se hacía una vez más visible que no se podía imponer las reformas en curso, sin consulta o acuerdo con los sectores contestatarios. Luego, los sindicatos antes expresaban un empate de fuerzas entre los proponentes de las reformas neoliberales y sus oponentes; ahora lo hacían las organizaciones indígenas.
1997: la
Asamblea Constituyente y la nueva Constitución
El 12 de octubre de 1997 llegan a Quito, según las versiones, entre 5.000 y
10.000 caminantes luego de una larga marcha, de varios días, proveniente
de varias regiones del país, hay una
simbólica toma del Congreso en repudio a la corrupción. Los caminantes
participaban luego a la Asamblea Constituyente Alternativa convocada para
elaborar una Constitución alternativa, previa a la oficial que se elaborará dos
meses luego, en la Asamblea Nacional convocada para ese efecto. Se expresa el
deseo de disolver el Congreso y de remplazarle por esta Asamblea Constituyente.
Constátese que se le da un nombre de mayor envergadura a la entidad oficial
encargada de la elaboración de la nueva constitución y que se reúne un de 12 de
octubre de reminiscencias históricas. Se busca darles otros sentidos a las
entidades y a las fechas. Está la idea de refundar el país como era común en
los medios contestatarios del país. Precisamente, a más de los 71 delegados de
los diferentes pueblos originarios, los
cuales deben luego discutir los resultados en sus Asambleas
Provinciales, habían delegados/as de otras organizaciones no indígenas, como
las de las mujeres, de los jóvenes, de artesanos, de la pequeña industria, de
estudiantes que se los considera representar a la sociedad civil.
Una vez más, se
buscaba ampliar la participación de varios sectores sociales para conformar una
idea de unidad nacional popular. Es la CONAIE y a través de ella el movimiento
indígena que adquiere la imagen de pluralista.
1998: un paro contra las medidas de ajuste.
Un paro anunciado por la CONAIE para el 29 de
septiembre de 1998 junto con una huelga nacional promovida por los sectores
sindicales del FUT (Frente Unitario de los Trabajadores, que integra a las
principales centrales sindicales) para el primero de octubre y otros sectores
sociales en oposición a las medidas de ajuste definidas por el gobierno (en
particular la eliminación del subsidio del gas de uso doméstico, del diesel y
de la electricidad) y las propuestas de privatizar las empresas y servicios
estatales, termina por adelantarse en el centro del país, desde el 28 de
septiembre por las organizaciones indígenas del lugar. Con un ímpetu
sorprendente se paralizan las carreteras y seis provincias del norte y centro
del país quedan aisladas, al igual que las carreteras que integran la Sierra
con la Costa. La paralización dura cuatro días en las provincias centrales. La
dirigencia de la CONAIE suspende el paro porque el gobierno propone una mesa de
concertación permanente, pero en estas provincias persiste la protesta. Aún
más, paralizan las ciudades capitales de tres provincias a la semana siguiente,
a pesar del diálogo con el gobierno. En la ciudad de Riobamba inclusive, se
considera que entre 15.000 y 30.000 manifestantes ocupan la ciudad.
El gobierno propone el establecimiento de seis mesas
de trabajo para elaborar políticas. Las organizaciones indígenas están
obligadas a formular propuestas otras que las propias a la oposición y al
rechazo de las medidas de ajuste. Este tránsito entre el rechazo y la
formulación de alternativas fue uno de los aspectos que terminó por
deslegitimar a la protesta sindical que ahora reemplazan las organizaciones
indígenas. Es notorio que las organizaciones indígenas tampoco tienen
alternativas ni existe consenso en su interior sobre las propuestas a negociar
con el gobierno. Se alternan propuestas
globales con muy circunscritas y particulares o simplemente se modifican las
propuestas hechas en un primer momento. La
negociación no resulta entonces ser muy viable en estos Foros de
Concertación.
1999: el éxito de la protesta, la integración de los
sectores medios y la conversión en eje de la protesta popular
Similares hechos, con mayor envergadura, se vuelven a
repetir en 1999, al menos en dos momentos, igualmente, para frenar el
establecimiento de las condiciones para la
firma de la Carta de Intención con el FMI.
Marzo
Para marzo de 1999, la crisis económica sobre todo en el
sector financiero y con un agudo déficit fiscal lleva al gobierno, a tomar
diversas medidas compensatorias de dicho déficit y favorables al sector
bancario que implican diversas modificaciones del sistema de impuestos y alzas
en los servicios públicos. Una Ley que de hecho significa una serie de reformas
a numerosas leyes (más de diez), llamada por ello Ley Trolebus, es presentada
con carácter de urgencia. Igual que
para el caso anterior, tanto el sector sindical, por un lado, como la CONAIE,
por el otro, conciertan un paro que termina siendo canalizado por la
organización indígena, en un claro contraste con lo que acontecía antes. La
CONAIE rompe el diálogo con el gobierno mientras este declara el estado de
emergencia, el cierre de los bancos por una semana, luego de lo cual se encauta
la mayoría de las cuentas bancarias y de se incrementa el costo del
combustible.
Igual que para el caso anterior, la oposición a la ley
permite la confluencia de diversos sectores que no actúan conjuntamente. Ha
sido decisiva para la acción, en este caso, la participación del sector de los
transportistas, sobre todo de los taxistas. Mientras la CONAIE logra la
paralización del sector rural y de las comunicaciones terrestres, una astuta y
flexible acción de protesta de los taxistas, en particular en la ciudad de
Quito, permiten una exitosa paralización por varios días que conlleva las
molestias de una carencia de alimentos en las ciudades y otros problemas por la
falta de transportes urbanos e interurbanos.
En una creciente paralización que dura más de quince días,
el sector sindical inicia las protestas primeras, pero por diez días la
paralización de las carreteras las inician las organizaciones indígenas en tres
provincias (Imbabura, Azuay y Tungurahua), y luego se incorporan otras que
terminan por paralizar toda la Sierra y su nexo con la Costa y parte de esta
región generalmente distante de estos actos de protesta; entre 5.000 a 8.000
indígenas llegan a la ciudad de Ambato
y de Latacunga; en la pequeña ciudad de Guaranda se realiza una marcha
de unas 12.000 personas de múltiples sectores sociales; la falta de productos en los mercados, como
en 1990, es racionalizada como una prueba que los indígenas son quienes producen
la alimentación interna. Es decisivo en ciertos lugares la demanda local de
reducir los incrementos de las tarifas eléctricas y el impuesto para la
recolección de la basura y de los bomberos, al considerar que mal se puede
pagar un impuesto por un servicio que no se tiene.
Otra vez, los sectores indígenas se adelantaron al día
propuesto para la protesta y desencadenaron un movimiento de protesta que fue
adquiriendo nuevos adherentes a la par de que dejaba sin capacidad de control a
las fuerzas del orden. Fue notoria la presencia discreta de las fuerzas armadas
y de la policía, a pesar del hecho que anuncian impedirán la marcha de los
manifestantes hacia Quito, anunciada
para el 22.
El paro fue considerado indefinido hasta cuando el gobierno
no retire la ley y elimine la
declaratoria de emergencia. La salida según la CONAIE sería un nuevo gobierno
cívico militar. Desde entonces la
CONAIE propone la revocatoria del
mandato presidencial si no cambia su política y declara el fin de la
incautación de las cuentas de ahorros.
A los 22 días de iniciado este acto colectivo, el 20 de
marzo, los dirigentes declaran el fin del paro previo acuerdo con el
Gobierno. La CONAIE presentó un Mandato
Nacional de Pueblos y Nacionalidades con once puntos para ser discutidos en una
Mesa par el Acuerdo Nacional, que luego comprenderá 12 temas. El paro, sin embargo, persiste en la
Amazonía y en dos provincias centrales con una toma de la Catedral en Guaranda
y unas marchas en Riobamba. Los obstáculos en las vías son de tal envergadura,
de todos modos que se requería de días para habilitar las carreteras.
Este paro terminó con diversas propuestas
de negociaciones venideras y con resultados concretos que lo volvieron exitosa
y, por lo mismo, legitimó la protesta, una vez más: - mesas de diálogo para un
Acuerdo Nacional; - cuentas de las organizaciones sociales y de una parte de
los ahorristas a desencautar; - un fondo de desarrollo para las poblaciones
indígenas; - revisión de las tarifas eléctricas en el sector rural; - reorganización
del proyecto para las poblaciones indígenas y afroecuatorianas (PRODEPINE); -
medidas de control de precios; -
libertad de todos los apresados en las manifestaciones de protesta; -
frecuencias de radio para las comunidades indígenas; - un fondo presupuestario
suplementario para el departamento de Educación Intercultural y Bilingüe
(DINEIB) y la medida de real impacto para el conjunto de la población es
mantener el precio del gas de uso doméstico (S/. 25.0000).
Este último hecho le
dió un reconocimiento importante a la
CONAIE en amplios sectores populares urbanos de la Sierra y de la Costa, igualmente, en los sectores medios
empobrecidos con la crisis.
Junio
El mismo proceso anterior de
protesta vuelve a repetirse desde el 8 de junio luego que el gobierno anuncia
otras medidas de ajuste. Las organizaciones en la protesta pronen ahora que el
gobierno renuncie. Diez ciudades se encuentran paralizadas. Los taxistas
también adhieren al paro ya que se cuenta incrementar el precio de la gasolina.
Dos ciudades centrales (Latacunga y Ambato) están virtualmente sitiadas, en una
de ellas los manifestantes ocupan las antenas que permiten a radioemosoras y
canales de televisión transmitir de una región a otra. Luego de una semana de
paralización, en esta vez, la policía conoce mayores enfrentamientos con los
manifestantes y junto con las Fuerzas Armadas anuncian que impedirán la marcha
hacia Quito para el 17 de junio. Esta marcha de todos modos se produce,
rompiendo en varios sitios el cerco militar. Alrededor de cinco mil personas
llegan a Quito, muchas de ellas mujeres que adquieren en esta oportunidad una
presencia pública particular. El gobierno rehusaba en esta vez, todo encuentro
con las organizaciones contestatarias las cuales pedían eliminar las propuestas
de privatización de las empresas públicas; concretar el Fondo de Desarrollo
para los indígenas; reducir el pago de la deuda externa; congelar los precios
de la gasolina, gas y electricidad. El paro, sin embargo, luego de 12 días de
paralización de buena parte del país, terminó cuando el Presidente de la
República y una comisión ministerial negoció, en la Casa Presidencial, con un
nutrido número de manifestantes, un Acuerdo en nueve puntos, que en particular,
incluía el fin del estado de emergencia, la desencautación secuencial de los
ahorros, el congelamiento del precio del gas y de la gasolina hasta junio del
2000, el establecimiento de tarifas escalonadas del servicio eléctrico
(persiste el subsidio). Otra vez, las
organizaciones indígenas elaboran una agenda para el diálogo y se vuelve a
constatar el vacío al respecto y la ausencia de consenso para los aspectos
concretos. El diálogo vuelve a fallar al poco tiempo de establecido.
Tanto en la prensa como en
los gestos de apoyo a los manifestantes se hace visible, aún más que en el paro
anterior, la adhesión a esta protesta por sectores medios que antes, en el
país, más bien tenían abierta distancia hacia el sector indígena. Es la
protesta la que les integra y de este modo legitiman el liderazgo de la CONAIE.
Para este momento la CONAIE ya adquiere suficiente reconocimiento público para
ser la portavoz de los sectores contestatarios a las reformas propuestas por
las Cámaras de Guayaquil y el Fondo Monetario Internacional.
2.2 Acciones del actor político
Del mismo modo que en varios países lo hizo antes el movimiento
sindical al disponer de dos niveles de acción el de las organizaciones y el
político con un partido de apoyo o con sus propios representantes en el ámbito
partidario y congresil, las organizaciones indígenas ahora disponen de estos
dos ámbitos de acción. El sector parlamentario cumple hasta ahora un rol de
cajón de resonancia de las posiciones de las organizaciones que lo crearon, las
cuales a su vez presionan para la aceptación de éstas con la protesta. Como el
Ecuador se encuentra en una coyuntura de una prolongada crisis social, política
y económica que constantemente conlleva la puesta en debate de reformas
diversas, la protesta se ha vuelto igualmente frecuente y con efectos diversos
en el proceso de decisión político. Estos dos niveles de acción pública otorgan, por ahora, a las
organizaciones indígenas una presencia constante como referentes para las
decisiones públicas.
La
protesta de estas organizaciones ha oscilado entre la presión con actos
colectivos para incidir en las decisiones y la constitución de sistemas
informales paralelos de constitución de propuestas y de decisión. Tal es el
caso de la formación de los Parlamentos
Indígenas y luego Populares, de la Asamblea Constituyente Alternativa, el
recurso reiterado a la posibilidad de realizar un referéndum con sus propuestas
o de realizar uno simbólico y finalmente su participación en la tentativa de
golpe de Estado junto con los militares en enero del 2000.
El Movimiento Político Pachakutik
Es en el contexto de haber
ganado una parte del referéndum contra las reformas neoliberales que el sector
indígena y el sector sindical petrolero,
promueven la constitución del Movimiento Político Pachakutik (agosto de
1995). Como ya indicamos, su participación al nivel electoral ha sido constante
desde entonces y ha logrado elegidos al nivel de diputados, y en las entidades
seccionales o regionales y locales.
En 1996; al nivel presidencial conjuntamente con F. Ehlers, un periodista, como candidato presidencial, logra hacer elegir al presidente de la CONAIE como diputado junto con otras siete personas. Igualmente, 3 alcaldes de este partido son elegidos. No todos son indígenas. Se quiere precisamente hacer visible que la pluralidad implica compartir posiciones políticas con los no indígenas, ya que todos formarían el país. Para la Asamblea Nacional de 1997, son elegidos 6 asambleístas sobre 70. En las elecciones de 1998, de 6 diputados electos por Pachakutik 4 son indígenas, sobre 120 que conforman el Congreso. Una diputada, Nina Pakari, fue elegida vicepresidenta del congreso. En las elecciones parciales, al nivel local o municipal, de mayo 2000, se han incrementado las personas elegidas por este partido, la mayoría de las cuales son indígenas y sobre todo en las recién estrenadas Juntas Parroquiales que pueden convertirse en algo equivalentes a mini-municipios al nivel rural.
Los
parlamentos indígenas y populares
Es en la región de la Amazonía en
dónde más se ha prefigurado la idea de derechos colectivos, tanto por disponer
de grandes territorios exclusivamente o mayoritariamente poblados por indígenas
como por tener organizaciones con fuerte control sobre sus poblaciones, es
decir existe una base para autoridades propias con ejercicio de leyes propias.
Son precisamente los promotores de la formación del Movimiento Político
Pachakutik y de un Parlamento Indígena con la idea de elaborar sus propias
propuestas en una lógica de representación mayor que aquella que podría tener
una organización. Paralelamente, se vuelve visible la idea que los indígenas
son un alter al Estado, una lógica de colectividad con sus instituciones y
autoridades en alteridad con el Gobierno,
territorio y territorialidad. El objetivo complementario, buscado pero
no logrado, es que sus decisiones serían obligatorias para las poblaciones que
representarían. Hasta ahora las decisiones tomadas cumplen un rol de propuesta
política y dichos parlamentos han servido más bien para cohesionar a las nueva
élites indígenas con las anteriores y para favorecer el intercambio entre los
pueblos amazónicos. En la Sierra, esta idea ha tomado más tiempo el
establecerse y no ha funcionado sino en ciertas provincias y en algunos
cantones (p.e. Cotacachi y Guamote), siguiendo la dinámica de esta región en
dónde predominan los aspectos locales. Igualmente, no son exactamente los
Parlamentos Indígenas los que aquí predominan sino su conversión en Parlamentos Populares los cuales incluyen a
los otros sectores populares o contestatarios que ya forman parte de los
aliados de la CONAIE, como son los sectores sindicales petroleros y varias
organizaciones barriales y de grupos de presión relacionados a los círculos de
asociaciones próximos a la Iglesia católica. Se volvería explícita
de este modo que la idea de la «plurinacionalidad”,
promovida por las organizaciones indígenas, debe incluir a indígenas y no
indígenas; es una de las variantes de las organizaciones de la Sierra que en
gran medida responde a su situación de vida.
Ante el contexto de crisis y pérdida de legitimidad política de los partidos y de los elegidos, los sectores nucleados por la CONAIE fueron uno de los principales proponentes de modificar la Constitución a través de una Asamblea Constituyente la cual se la consideraba un acto fundacional de un nuevo Estado que, entre otros aspectos, otorgue mayor representación política a estos sectores. La demanda terminó bajo control de los sectores políticos predominantes contra los cuales se la proponía. La CONAIE con sus aliados terminaron realizando una Asamblea Constituyente Alternativa que se realizó una semana antes de la oficial y elaboró una Constitución que fue considerada alternativa. Esta larga marcha duró más de diez días, partió de diferentes regiones del país y terminó en Quito, con unas 5000 o 10000 personas, según las versiones. Esta marcha volvió a crear un fuerte impacto público y los caminantes recibieron, esta vez, una amplia adhesión en su trayecto, al expresar un descontento general ante la coyuntura de crisis política, luego de la caída de Bucaram.
Mientras para los no indígenas, este hecho de realizar ¨nuestra Constitución¨, cumplía el rol de recuperar un espacio para los sectores de izquierda y de limitar el peso de los sectores pudientes, entre otros aspectos circunscribiendo las posibilidades de las propuestas neoliberales, para el sector indígena predominaba el sentido de pertenecer a la comunidad política ecuatoriana de modo diferenciado, con el reconocimiento de los derechos colectivos. Esta Asamblea fue precedida de una imponente marcha. Tanto en los testimonios que recogimos entonces como en los debates en dicho cónclave, predominaban estas posturas entre los participantes indígenas. Es uno de las características de los movimientos de identidad, no importa tanto el contenido de la propuesta o lo que signifique para los demás cuanto el aspecto de distinguirse.
La marcha y la Asamblea paralela recibieron también cierta cobertura de prensa que convirtió a sus decisiones en uno de los referentes de las propuestas constitucionales a debatirse.
Los referéndum o consultas populares
Tanto en esta ocasión, al proponer que sea la Constitución Alternativa la que se apruebe en la Asamblea Nacional Constitucional, la oficial, como en otras de propuestas álgidas en el debate público, la CONAIE ha considerado que si no son aceptadas recurrirá a referéndum. En la actualidad promueve precisamente una consulta popular sobre la ¨dolarización¨, el cambio de la composición del Congreso, las privatizaciones y otras medidas coyunturales. Para este último caso ha presentado algo más de un millón de firmas de respaldo. Este recurso le da una presencia pública constante y por ahora le permite en algo mantenerse como el referente de la oposición popular.
Enero del
2000: el golpe de Estado con los militares
Para diciembre 1999, a medida que la
crisis económica se intensifica y que el gobierno sigue de cerca las propuestas
de las Cámaras de Guayaquil, la CONAIE al igual que varias organizaciones
sindicales, anuncian un nuevo paro y presionan para la salida de J. Mahuad del
gobierno. Del mismo modo que en los
casos anteriores, la CONAIE anuncia un paro y una marcha a Quito para finales
de enero, para exigir tanto el cambio de las políticas económicas como la
renuncia de Mahuad. En un contexto en el cual, diversos sectores del Congreso
discutían desde hace un tiempo como remplazar al Presidente por otra persona
que el Vicepresidente, la CONAIE y los sectores próximos pugnaban por un cambio
de gobierno contrapuesto a las medidas económicas predominantes y a los
sectores empresariales y bancarios ahora gobernantes. La marcha hacia Quito,
será considerada ilegal por el gobierno y se anuncia un bloqueo de carreteras
por fuerzas militares de control desde días antes de las manifestaciones. El
proceso de protesta, sin embargo, se intensifica cuando el gobierno decreta la
¨dolarización¨ el 16 de enero. Si bien los sectores de las Cámaras de Guayaquil
junto con las de Quito, al igual que la mayoría de los partidos políticos de
derecha, consideran positiva dicha medida en particular porque frenaba la
devaluación acelerada del sucre, el descontento se incrementa en los sectores
urbanos serranos.
Los acontecimientos del 18 al 21 de enero volvieron a ligar
la protesta en las carreteras, en que esta ocasión no tuvieron el impacto
anterior y fueron fuertemente impedidas por los militares y la marcha a Quito.
Los manifestantes de todos modos
llegaron a Quito, sin realizar la marcha pública. El resto de los acontecimientos
son conocidos. La protesta permitió a una parte de los militares realizar una
tentativa de toma del gobierno en un triunvirato con la dirigencia indígena y
un representante de los sectores populares de Guayaquil. Fuera del hecho que no
hubo consenso en el seno del ejercito al respecto y se desató una rápida
oposición internacional contra esta puesta entre paréntesis del orden
estatuido, volvió
a aparecer la ausencia de una propuesta de gobierno alternativa y la definición
de la protesta contra las medidas y las condiciones de crisis socioeconómica y
política más no necesariamente en relación a una meta alternativa.
Conclusiones
La presencia lograda
por las organizaciones indígenas es el fruto de un largo proceso. Adquieren
espacio, primero, al nivel social y luego al nivel público a medida que las
organizaciones contrincantes o en competencia pierden presencia y que en la
sociedad ecuatoriana existe una demanda por expresar un descontento a las
reformas propuestas. El hilo que relaciona este proceso es la protesta, la cual
se encuentra legitimada en la sociedad ecuatoriana.
El conjunto
del repertorio de la acción colectiva de estas organizaciones revela dos
aspectos relevantes, el de constituir un espacio propio, al ser alter al
Estado, otro aparato paralelo y el de convertirse en interlocutores públicos de
las decisiones públicas. Es el aspecto étnico que ahora está explicítado y
racionalizado como tal, a diferencia de lo que puede haber sido en el pasado.
Si bien puede encontrarse antecedentes desde la Colonia con la “República de
indígenas” paralela a la española, se trata de una invención contemporánea.
Existen condiciones para ello. La constitución de dos ámbitos de acción, lo que
he llamado la recomunalización gracias al auge que adquiere la comunidad
andina con las políticas del Estado y la formación de organizaciones, se trata
de la constitución de une espacio socioeconómico y político propio. A este proceso se concatena el de ocupar el
espacio en los poblados serranos de las entidades públicas o privadas que
promueven el desarrollo. Estos procesos se incrementan con la afirmación
política de los indígenas en el ámbito nacional Es una doble dinámica lo local
alimenta lo nacional y viceversa.
Los actos colectivos a través de la protesta han permito que se legitime la CONAIE como interlocutora pública y que la protesta sea vista como su principal medio de acción al dar diversos resultados tangibles. Tal fue el caso en 1990 y 1994 cuando simbólicamente hubo un acto de trascendencia para estas poblaciones cuando sus dirigentes negociaron en la presidencia y lograron redefinir una ley considerada adquirida y ganada por los oponentes. La idea predominante de hacer del mercado el mediador de las relaciones rurales tuvo que ser modificada.
La crisis de
legitimidad política ha permitido que la CONAIE empate con las posiciones de
los sectores medios serranos, lo cual le otorga amplio apoyo a sus actos de
protesta. Los cuadros de referencia para la acción compartidos tienen en común
el rechazar un estado que muestra estar al servicio de una minoría pudiente
como acontece con las ventajas dadas al sector bancario.
No existe un
proyecto predefinido sino que se construye en los hechos y se recurre a
diversos argumentos considerados validos según el momento. Pero no es una
definición de una estrategia de poder ni de Estado. Sin embargo, persiste una
idea establecida cual es la de tener sus propias autoridades y territorialidad
que es promovida en cada oportunidad y puede ser considerada como su principal
meta. De ahí la importancia de la idea de un Parlamento Indígena y del Popular.
A más de buscar una presencia o ser representados en las entidades de
representación pública como el
Congreso. Las organizaciones indígenas han incorporado así la práctica de la
izquierda: la idea de un poder paralelo coincide con la tradición indígena
local del cabildo comunitario que es visto como el núcleo de autoridades propias, diferentes de las
oficiales o formales. En los hechos existen varias propuestas y metas, no hay un
discurso sino discursos, no un proyecto sino proyectos, entre los locales y las
dirigencias nacionales. Sin embargo, la dinámica organizacional lleva a
que constantemente se hagan balances y
equilibrios, por momentos predominan los unos y no los otros.
Se recurre a
cualquier repertorio de protesta existente en la sociedad ecuatoriana, en
particular los formados por el mundo sindical como usar los mecanismos de
participación y de opinión y paralelamente desvirtuar a las instituciones y sus
resultados cuando no son de su parecer.
Los diversos proceso en juego muestran un cambio de las fronteras étnicas tanto al nivel local como nacional.
3-
El contexto social o las condiciones ecuatorianas para el desarrollo de
los movimientos indígenas
En nuestro criterio
son las condiciones sociales de la emergencia de estas organizaciones las que
han permitido su presencia social, éstas les otorgan la base para su actuar
actual y son, en segundo lugar, las características del sistema política que
explican su presencia pública y su auge actual.
Las organizaciones
indígenas, como hemos indicado, nacen de un período de auge organizacional en
los 60. Tanto la Reforma Agraria que ha sido el proceso de mayores cambios
estructurales como las políticas promovidas por el Estado en los 70, al momento
de la disponibilidad de recursos fiscales con la renta petrolera, han promovido
la organización como un medio para acceder a los recursos en juego, tierra,
créditos, servicios agrícolas, etc. Junto con los cambios rurales, llegan
igualmente al sector rural diversos intermediarios para el acceso a recursos de
proyectos de desarrollo, las ONGs y las entidades de cooperación internacional,
todas promueven la organización u asociación de personas para fines comunes.
Así paralelamente a la tradicional organización comunitaria, se conoce una
multiplicidad de organizaciones que en casos compiten por un tiempo con la
primera, o con otras entidades establecidas. Estos diversos procesos han
legitimado y generalizado la existencia de organizaciones. Existe inclusive una
competencia entre organizaciones de todo tipo y la participación de una misma
persona en varias organizaciones. Estas
han permitido a sus miembros: el acceso a mecanismos de
negociación social frente a entidades externas al medio rural; adquirir un
medio de reconocimiento por parte de las autoridades; contrarrestar la
condición de marginalidad individual logrando medios de presencia colectiva;
establecer un medio de representación de la colectividad que hasta entonces
permanecía en el anonimato; se convierte así en un activo agente de la ruptura
del aislamiento social de las poblaciones rurales y de su modernización. Este
proceso otorga por lo mismo a las organizaciones un prestigio social local de
renovadoras en un contexto de cambios generalizados.
Estas entidades asociativas en este contexto han favorecido la
afirmación de cada cual y de la colectividad local; el acceso a recursos y servicios; la constitución de lazos de la persona con una comunidad o
colectividad de personas que le otorga nueva pertenencia en un contexto de
cambio acelerado que desplaza a las pertenencias anteriores; ofrece por lo
mismo medios para constituir elementos
de identidad; de construcción de propuestas que definen una visión del
mundo. Por todos estos aspectos, que implican un ruptura de espacios de
exclusión y de inclusión en los medios de participación social y política, a la
par con el acceso a medios para hacer efectivo los derechos de ciudadanía y de
citadinidad es que he llamado a la organización como la vía ecuatoriana a la
ciudadanía.
En correlación a lo anterior, en segundo lugar, la Reforma Agraria crea
un vacío de poder al reducir el del terrateniente. Si bien no pierde toda la
tierra, como en Perú o en Bolivia, deja de ser el personaje de poder a la vez
social y político, juez y político, un Señor. Se vuelve un terrateniente más no predominantemente un agente de poder
político, ni autoridad de hecho. Ese vacío lo llena el Estado con sus políticas
y servicios. Toma presencia en el campo. Hay recursos con el petróleo, y una visión
de intervención desarrollista: infraestructura, crédito, servicios como
capacitación, semillas, etc. La presencia del terrateniente mantiene el
conflicto rural frente al cual es menester constantemente definirse. Se produce una dinámica por la cual la
contraparte al estado son las organizaciones más no proyectos colectivistas.
Existe más bien una dinámica de libre competencia para acceder a las ofertas
del Estado o de sus oponentes, las diversas ONGs o entidades de apoyo externas
que trabajan en posiciones diferentes.
De hecho se produce una
alíanza social entre cooperación internacional y población indígena a
detrimento de la población mestiza. Como es la población indígena la que más se
organiza, esta logra igualmente canalizar más los recursos del Estado. Se
produce así una división entre la organización como principal instrumento de
desarrollo de los indígenas y la institución municipal, la de la representación
política formal, como la de los no-indígenas. Precisamente, como un tercer
aspecto, se encuentra el desplazamiento de los mestizos de los pueblos de las
entidades que no son de representación política. Proceso que se complementa con
la migración por escalas, por el cual la gente mestiza deja su lugar en los
pueblos pequeños, luego en las cabeceras cantonales, finalmente, en las
cabeceras provinciales y va siendo copado por los migrantes rurales. Es un
largo proceso. Las organizaciones
étnicas adquieren prestigio en el medio rural indígena precisamente porque
adquieren este rol de mediación estatal y por copar los espacios antes ocupados
por la población oponente y socialmente de prestigio. Las dimensiones étnicas
se vuelven socialmente ventajosas, permiten acceso a recursos y ventajas antes
vedados.
De los aspectos antes
indicados podemos concluir que las organizaciones se consituyen en un contexto
particular y que pueden ganar un espacio por la confluencia de un vacío de
poder dejado por el terrateniente y llenado por la interrelación entre el
Estado y las organizaciones. Este proceso que se ha dado en unos veinte años,
constituye una transición que preparó a
las poblaciones rurales para ocupar ahora un rol político. No es de
sorprender que ahora la preocupación de las nuevas generaciones sea ocupar el
municipio. Nos encontramos, ahora, en
una coyuntura de redefinición de poderes locales. La organización, con
anterioridad, ya cumplió el rol de eliminar a los intermediarios entre la
población rural y el mundo de afuera.
(refer. Bibliográfica, Guerrero.....)
4-
Componentes del sistema político ecuatoriano
De la presentación
de los actos colectivos puede ya colegirse que el principal medio de acción de
las organizaciones indígenas ha sido hasta ahora la protesta. En nuestra
hipótesis, este medio de acción funciona porque la protesta ya esta establecida
y reconocida en el sistema político, es el medio de expresión de los sectores
populares. La debilidad de los partidos políticos para canalizar las demandas y
traducirlas en propuestas contribuye a ello. El sector sindical ya legitimó
este hecho. Ecuador es el país con el mayor número de huelgas y paros en le
continente. En promedio desde hace veinte años, se realiza una y media huelga o
paro nacional por año.
El contexto de crisis y el vacío de
representación creado con la caída del mundo sindical y de los partidos
políticos favorece a la protesta indígena que al lograr resultados se legitima
y se vuelve el referente de expresión
del rechazo a las propuestas neoliberales en la región serrana en dónde
predominan las tendencias de centro izquierda y de izquierda.
Estos aspectos de coyuntura son
insuficientes para explicar la importancia de la protesta. Son otros aspectos
del sistema político que permite comprender este hecho y la presencia misma de
los indígenas como actores sociales y políticos.
En efecto, una de las primeras características suyas es que está formado por dos regiones, con culturas y orientaciones socioeconómicas históricamente diferentes, la Sierra y la Costa. En efecto, el sistema político ecuatoriano es el de un juego de equilibrios regionalizados, reconocidos y racionalizados como tales. Este sistema de equilibrio es a la vez el fruto de un empate de fuerzas entre los dos sectores poseyentes de las dos regiones, sobre todo de Quito y Guayaquil. Para el desempate, desde los años veinte, ha permitido que puedan actuar las minorías y adquirir importancia para modificar la correlación de fuerzas. El sistema partidario, caracterizado por una regionalización y fraccionamiento pronunciado, por el cual los partidos mas fuertes, en promedio, disponen cada cual del 20% del electorado acentúa esta tendencia. Normalmente, en el pasado, las minorías para acceder a la alianza con uno de los bloques mayoritarios ha exigido reformas de todo tipo, con lo cual igualmente, una de las características del sistema político ecuatoriano es su aspecto reformista a pesar de las mentalidades predominantes en sentido contrario. Los militares han jugado el rol de garantes del mantenimiento de las partes como un conjunto y de contrarrestar con sus intervenciones políticas en los momentos en que el desequilibrio se volvía pronunciado.
Este sistema es el fruto de una larga duración que
adquieren sus principales componentes a raíz de una guerra hace un siglo que
culmina con la victoria de los liberales entonces predominantes en Guayaquil
Una minoría entonces termina por imponer un acuerdo de compartir el poder
político. Sus
élites logran un acuerdo para tener similar representación política, así siendo
demográficamente menor la Costa tenía similar número de representantes que la
Sierra. A ello se inserta luego la
clase media asimilada con la izquierda socialista y luego comunista. Ante el
empate Sierra-Costa o de liberales y conservadores, o de élites políticas y económicas
de las dos regiones, este sector logra modificar el
fiel de la balanza
según los momentos. Así, el juego político ecuatoriano se ha caracterizado por
un empate de fuerzas y por el consiguiente proceso de negociación. Ecuador es así el fruto de sus empates regionales en lo político,
socio-económico y cultural. El empate
obliga a la convivencia o en casos al enfrentamiento. En Ecuador no
predomina lo
que se denomina ¨nacional¨, fuera del juego político. No hay comida nacional,
ni música nacional, ni referentes culturales que sean reconocidos en todo el
país, al contrario predomina la diversidad regional. Tampoco hay prensa
nacional, existe en cambio el mayor número de periódicos y radioemisoras
locales del continente por cabeza de habitante. Eso indica lo importante que es
lo seccional sobre lo nacional. Los candidatos políticos a la presidencia no
pueden ser únicamente de una región, del mismo modo que los lectores de
noticias en la TV, deben ser el uno de una región y el otro de la otra. Es
decir predomina lo particular y su cohabitación, no necesariamente su mutua
valoración y enriquecimiento. El empate político ha implicado que los serranos
voten de un modo y los costeños de otro.
Este sistema ha favorecido que los sectores populares a
través de la protesta o de los múltiples espacios de representación política
partidaria puedan tener un espacio de expresión. Resulta ser a varios niveles
flexible para dar cabida a minorías.
Los mecanismos coorporativos que es otra de sus características,
permitió en el pasado que los diferentes sectores sociales puedan acceder a las
ventajas sociales del momento y contrarrestar
la jerarquía social que es también política. Predominó el corporatismo
como modo de inserción en el espacio público. Lo hicieron las capas medias,
luego obreros, finalmente los indígenas, es una visión de defensa de sí y no un cambio del conjunto, es decir no se
logra una propuesta global sino por sus efectos sobre la sociedad en general.
Las coorporaciones y la presión política se complementan en este caso. Es un
parámetro de comportamiento establecido.
En el caso de los indígenas por este medio han logrado un sistema de
Educación Bilingüe bajo su control o un Programa de proyectos de desarrollo
(PRODEPINE) también bajo su control, en directa relación con el Banco
Mundial (cincuenta millones de dólares)
Sin embargo,
en los últimos años, los procesos que han alimentado las características
regionales se han erodado y tienden a descomponerse. Es notorio que la
migración interna modifica las fronteras regionales. Es conocido que ahora, por
ejemplo, regiones enteras de la Sierra o de la Costa viven en mayor relación e
intercambio de comercio y personas.
Esta crisis
que se refleja a varios niveles como las reivindicaciones de un sistema de
autonomía en Guayaquil, implica una pérdida de cohesión de los mecanismos de
control estatal y política que también inciden para permitir la presencia de
los sectores antes excluidos del juego
político como son precisamente los indígenas.
Si bien el mecanismo de la protesta ha sido interiorizado en el juego político, se debe explicar el por qué en el caso de Ecuador, también persiste el rechazo a las medidas neoliberales. Desde hace veinte años existe una marcada oposición a las mismas. La renta del petróleo permitió al Estado ser un activo agente de modernización y desarrollo. El conjunto de sectores sociales, incluido el sector industrial, dependen directamente por varios canales del Estado. Todos convergen al Estado en diversos aspectos. Igualmente, parte de la cohesión de un Estado con fronteras indefinidas y de espacio reducido pero densamente poblado, venía de este rol de garante de la vida social dado por el Estado, y junto con él de los militares. Poner en tela de juicio el sector estatal y su rol conlleva por lo mismo redefiniciones de las condiciones de la mayoría de sectores sociales y una visión de amenaza a la existencia colectiva del Ecuador como país. Hasta ahora, sobre todo en la región serrana que asume mucho más este rol sobre el conjunto, predomina un fuerte rechazo a las propuestas neoliberales. Puede entenderse, en este contexto, la alianza de hecho que desde hace años existía entre indígenas y militares.
5- Conclusiones
Se consituye
un nuevo actor no sólo social sino también político. La inclusión de los
marginados étnicos. Lo que llama la
atención en Ecuador es que lo hacen con la revalorización de lo étnico. Es
primero una afirmación étnica.
Se redefinen
las fronteras étnicas. Adaptando para el análisis de los movimientos étnicos,
el concepto de Barth de las fronteras étnicas y no precisamente la definición
en sí de la etnia o de una identidad colectiva, cualquiera sea, hemos visto más
bien la relación de grupos sociales o de colectividades definidas tanto por
pertenencias como por conflictivas relaciones de poder, que los espacios sociales de cada cual, como sus
roles y funciones se han cambiado. Ello conlleva una redefinición de la
percepción de sí mismo y de los demás.
Los
procesos de inserción en los mecanismos de participación pública siguen caminos
diferentes en los países andinos. En el caso Ecuatoriano es un juego de presión
que se realiza por medio de las organizaciones indígenas en la escena pública,
en particular por la protesta. La comparación permite ver que la incidencia en
la vida pública de la cuestión étnica
difiere en los tres casos; depende de la
modalidad de la inserción. A su
vez, esta tiene que ver con el modo como los sistemas políticos abordan los
conflictos.
Es un contexto y un sistema político el que explica el peso adquirido por los indígenas. En síntesis, más que las acciones de los actores son el contexto y el sistema que permiten comprender su situación pública actual.
Estos procesos de inclusión en la participación política implican una
ampliación de los espacios de ciudadanía a la par con el cambio del sistema
político hacia el reconocimiento de los derechos colectivos. Lo que está en
juego es establecer las modalidades para este ejercicio de pluralismo. Este es
un cambio sustantivo en la tradición unitarista de los estados
latinoamericanos. Es la idea del Estado-Nación que los sustenta que está en
entredicho. Se avisora la construcción de sistemas políticos pluralistas que no
requieren para ello de la idea de nación.
En el inmediato, este
movimiento contribuye a democratizar la sociedad, al favorecer la participación
en la comunidad política a sectores excluidos y al convertirlos en interlocutores de los poderes públicos. En
contraste con el pasado, con el proceso vivido por otros sectores sociales,
como los sectores medios o los obreros, con quienes comparten una misma
tendencia coorporativa, los indígenas estan construido además, pautas de una
representación diferenciada.
Una de las características ecuatorianas actuales es que este proceso de
participación pública y su contraparte de apertura del sistema político, han
favorecido la constitución reciente de una comunidad política que ahora
comprende al conjunto de los habitantes del país. En contraste con otros países
de la región, no es sino recientemente que estas poblaciones indígenas se consideran
parte de esta comunidad, como ecuatorianos. En gran medida, la afirmación
colectiva que manifiestan en los actos colectivos hace parte de este proceso de
ratificar la pertenencia a esta nueva comunidad política.
La protesta y su contexto
que lo legitima han llevado a las organizaciones indígenas a ser las portavoces de un conflicto que es sobre
todo de rechazo a una orientación de desarrollo socio económico y de promoción
de otro alternativo en la disputa entre reformas neoliberales y su rechazo. En
el caso del Ecuador, el empate de fuerzas que constituye parte de su crisis
política entre los proponentes de estas dos posiciones, revela en gran medida
una clásica disputa de orientaciones de clase.
De agentes de un movimiento étnico, a actores políticos, los indígenas
organizados, en Ecuador, a través del conflicto político predominante han
terminado por ser portavoces de un conflicto que no es prioritariamente étnico
sino uno más típico de divergencias de clases.
Si bien todo movimiento social es polisémico, en América Latina, de por
sus condiciones estructurales, lo son todavía más. Las estructuras y los
sujetos sociales superponen tiempos históricos contrastados. Sus cortos ciclos
sociales de constitución y cambio, contribuyen aún más a privilegiar la acción
política como medio de acción e
integración de su diversidad social. Se modifican en corto tiempo, lo que está
en juego y los ejes articuladores de los conflictos sociales. Los sectores
activos de este movimiento étnico, han vivido un ciclo que transita del
predominio de orientaciones de clase, a otras étnicas y ahora articulan las dos
en un mismo proceso de afirmación colectivo. Podría ser que en poco tiempo,
otro eje de articulación del conflicto social se vuelva prioritario sin que
ello elimine a los anteriores, precisamente se superponen.
Guerrero, Andrés. 1993. “La
desintegración de la adminstración étnica en el Ecuador,” in Jose Almeida et
al., Sismo Etnico en el Ecuador, (Quito:
CEDIME).
Guerrero, Andrés. 1994. "Una imagen ventrílocua: el discurso
liberal de la "desgraciada raza indígena" a fines del siglo
XIX." in B. Muratorio ed. Imágenes e
Imagineros. Representaciones de los indígenas ecuatorianos, siglos XIX y XX.
(Quito: FLACSO-Ecuador), pp.197-253.
[1] Centro de Investigación sobre los Movimientos sociales. Quito.
[2] A falta de un término de uso consensuado, aquí,
sobre todo por facilidad, recurriremos todavía al término «indígenas«.
[3] Es notorio el creciente número de países que han ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre las minorías y los pueblos indígenas, al igual que la incorporación en diversas Constituciones de artículos sobre el pluriculturalismo u otro tipo de reconocimiento de derechos colectivos.
[4]- Colombres, Adolfo (comp) Por la Liberación del Indígena. Documentos y Testimonios. Buenos Aires, Ediciones del Sol, 1975. CONAIE. Las Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Quito, Ediciones Tinkui, Quito, 1989. CSUTCB. Ley Agraria Fundamental, Congreso Nacional de Cochabamba, 16-20 de enero de 1984. La Paz, CSUTCB, 1984. Federación de Centros Shuar, Solución original a un problema actual. Sucúa, 1976. Hurtado, Javier. El Katarismo. La Paz, HISBOL, 1986. Kapsoli, Wilfredo. Ayllus del Sol. Anarquismo y Utopía Andina. Lima, TAREA, 1984. Karakras, Ampam. "Las nacionalidades indias y el Estado ecuatoriano", Cultura, No.18, Quito, Banco Central, p. 137-145. ONIC. "ONIC, una Historia de Luchas y Logros", Unidad Indígena. No. 91, mayo de 1990. República de Nicaragua. Declaración de Principios respecto a las comunidades Indígenas de la Costa Atlántica. Managua, Mimeo, 1981. Rivera Cusicanqui, Silvia. Oprimidos pero no Vencidos. Luchas del campesinado aymara-qheshwa, 1900-1980. Ginebra, UNRISD, 1986. Smith, Richard Chase "A Search for Unity Within Diversity: Peasant Unions, Ethnic Federations and Indianist Movements in the Andean Republics" en Theodore MacDonald(ed.). Native peoples and Economic Development. Cambridge, Occasional Papers No.16, Cultural Survival Inc. 1985. ALAI, El Movimiento Indígena, No.88, Monográfico, Quito, 1987. Albó, Xavier. "De MNRistas a Kataristas: Campesinado, estado y partidos, 1953-1980", en Historia Boliviana, Cochambamba, No.5: 87-128. Barre, Marie-Chantal. Ideologías Indígenistas y movimientos indios . México, Ed. Siglo XXI, 1983. Al. De l'empreinte à l'emprise, identités andines et logiques paysannes, Paris-Genève, PUF - IUED 1982.
[5] León Trujillo, Jorge. De campesinos ciudadanos diferentes. Quito, CEDIME- Abya-Yala, 1994. pp12-13
[6]- Frederick Barth, Edit. Ethnic Groups And Boundaries. The Social Organization of Culture Difference. Boston, Little, Brown and Company, 1969
[7] Si bien presento un resumen de estos hechos y hago sobresalir los fenómenos relevantes para el análisis, el lector que no quiere revisarlos puede ir simplemente a las conclusiones de cada caso y dejar los hechos relatados en letra de un formato más pequeño que el texto normal. Me he permitido de todos modos describir aquí ciertas constantes de estos actos, pues, revelan un proceso de constitución creciente del actor público que nos ocupamos.
[8] He relatado diversos aspectos al respecto en De campesinos a ciudadanos diferentes, op. cit.